La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, constituida por los Sres. Magistrados: Don Fernando García Nicolás, como presidente; Don Jorge Campos Martínez; y Don José Ricardo de Prada Solaesa, como ponente, previa la oportuna deliberación, ha dictado la siguiente:

 

 

SENTENCIA NUM.16/2005

 

 

En Madrid, a diecinueve de abril de dos mil cinco.

 

        Se ha visto en juicio oral y público la presente causa seguida por un delito de genocidio, terrorismo y torturas, contra:

 

        Adolfo Francisco SCILINGO MANZORRO, nacido el 28 de julio de 1946 en la ciudad de Bahía-Blanca de la República de Argentina, hijo de Adolfo Armando e Isabel, en prisión provisional por esta causa desde  el 7 de octubre de 1997 a 9 de enero de 1998 y desde el 31 de julio de 2001 hasta el día de la fecha;  de estado de solvencia no acreditado.

 

        Ha intervenido el Ministerio Fiscal representado por Doña Dolores Delgado García; y las siguientes acusaciones particulares y populares:

 

         Doña Graciela Palacios de Lois, Dña. Maria Isabel Colombo, Dña. Marta Inés del Valle Rondoletto, Dña Maria Italia Aranciabia, Dña. Ana Maria Brondo, Dña. Gladis Esthela Jiménez, Dña Adelaida Celina Carloni, D. Diego Andrés Reynaga y Dña. Maria Cristina Araoz, representados por el Procurador Sr. Martínez de Fresneda Gambra y defendido por el letrado Don Enrique Santiago Romero.

 

        Doña Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, Dña Rosa Tarlovsky de Roisinblit, Dña. Matilde Artes Company, Dña Nora Maria Gutierrez Penette, Dña Carlota Ayub Larrousse, Dña Cristina Barbara Muro, Dña Liliana Graciela Di Fondo Telichevsky, Dña Maria Manuela Labrador Perez, Dña Ana Maria Asvalos Goycoolea, D. Pedro Adolfo Llorente, Dña Maria Luisa Turón de Toledo D. Guillermo Cendagorta Lachaise, Dña Ruth Mabel Penette, Dña Laura Ines Gabriela Jordán de Conte Macdonell, representados por la procuradora Sra. Rodríguez Pérez y defendida por el letrado Don Jaime Sanz de Bremond.

 

        Doña Ana Cristina Stefano Martínez, representada por la Procurdora Sra. Ayuso Gallego y defendida por el Letrado D. Jaime Sanz de Bremond.

 

        Doña Marta Bettini Francese representada por la procuradora Sra. Jiménez Muñoz y defendida por la letrada Doña Carmen Lamarca Pérez.

 

        Doña Hebbe María Pastor de Bonafini, Dña Juana Meller de Pargament y Dña Marta Petrone de Badillo, representadas por la procuradora Sra. Lumbreras Manzano y defendida por el letrado Don Manuel Olle Sese.

 

        La acusación popular COFOSAN  representada por la procuradora Sra. Cañedo Vega y defendida por el letrado Don Carlos Slepoy Prada.

 

        La acusación popular de Izquierda Unida, representada por la procuradora Sra. Cañedo Vega y defendida por el letrado Doña Virginia Díaz Sanz.

 

        La acusación popular Iniciativa Per Cataluña, representada por la procuradora Sra. Cañedo Vega y defendida por el letrado Don Juan Puig de la Bellacasa.

 

        La acusación popular Asociación Argentina de Derechos Humanos, representada por la procuradora Sra. Cañedo Vega y defendida por el letrado Don Antonio Segura Hernández.

 

        La acusación popular Asociación Libre de Abogados, representada por la procuradora Sra. Cañedo Vega y defendida por el letrado Don José Luis Galán Martín.

 

        La acusación popular POLITEYA, Asociación para la Defensa y Progreso de los Intereses Ciudadanos, representada por la procuradora Sra. Gutiérrez Carrillo y defendida por el letrado Don Víctor Hortal Fernández.

 

        Y el procesado antes referido representado procesalmente por el procurador Sr. Rodríguez García y defendido por el letrado designado de oficio Don Fernando Martínez Morata López.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

        Primero.        A). Con fecha 28 de marzo de 1996, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 acordó la incoación de diligencias previas nº 197/96  con motivo de denuncia presentada antes el mismo que fue ratificada al día siguiente por el Fiscal Don Carlos Castresana Fernández.  En fechas posteriores, se fueron aportando al procedimiento diferentes querellas por Izquierda Unida, por la Asociación Libre de Abogados y la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos.

 

              Con fecha 28 de junio de 1996, se dicta auto por el que se declara la competencia de la jurisdicción española para conocer de los delitos denunciados, acordándose entre otras actuaciones, el requerimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores para que remita información sobre los españoles o personas de origen español asesinados o desaparecidos en Argentina entre los años 1976 a 1983, así como los procedimientos judiciales que se hubieran seguido por tales hechos, interesándose al mismo tiempo, librar Comisión Rogatoria a Argentina en el mismo sentido.

 

              El 4 de octubre de 1997 el procesado Adolfo Francisco Scilingo comparece voluntariamente ante el Juez Instructor prestando declaración sobre los hechos objeto de denuncia, acordándose en fecha 7 de ese mismo mes y año su ingreso en prisión provisional, comunicada, siendo eludible con la prestación de fianza.

 

              La incoación de las presentes actuaciones fueron elevadas al Pleno de la Sala de lo Penal por vía de recurso para que ésta dictaminara acerca de la competencia y jurisdicción de los Tribunales españoles, confirmándose la misma por el referido órgano mediante auto de fecha de 4 de noviembre de 1998.

 

              Con fecha 2 de noviembre de 1999 se dictó auto de procesamiento por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, reformándose dicha resolución por auto de fecha 24 de noviembre de 2000. 

 

              Practicadas todas las diligencias instructoras sumariales se dictó auto de conclusión del sumario emplazándose a las partes intervinientes ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. 

             

       B). Recibido en esta Sala en fecha 25 de enero de 2002, se dictó Auto confirmando la conclusión del sumario en fecha 27 de junio de 2003 y  se acordó la apertura del juicio oral por medio de auto de fecha 11 de julio de 2003, calificando provisionalmente las Acusaciones Particulares y Populares personadas en la causa y, posteriormente, el Ministerio Fiscal, finalizando dicho trámite con el escrito de defensa emitido por el Letrado del procesado Adolfo Francisco Scilingo Manzorro.

 

        Por el Ministerio Público, dentro del plazo legalmente establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se presentó escrito de previo y especial pronunciamiento fundado en la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles, prescripción del delito, amnistía e indulto y cosa juzgada, dictándose auto por este Tribunal en fecha 28 de julio de 2002 resolviendo el incidente formulado y acordando, la elevación de actuaciones al Tribunal Supremo, quien resolvió mediante Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2004.

 

        Por auto de 9 de diciembre de 2004 se procedió a la admisión de pruebas propuestas por las partes intervinientes, señalándose el inicio de la vista del juicio oral para el 14 de enero de 2005.

 

        Segundo. Llegado el día y hora previstos, comenzaron las sesiones de la vista que se extendieron por un total de 35 sesiones, realizadas los días 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 y 28  de enero; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 y 28 de febrero; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de marzo.

 

        En dichas sesiones se practicó la siguiente prueba:

 

       DECLARACIÓN DEL PROCESADO

 

        TESTIFICAL

 

        Comparecieron y prestaron su testimonio ante este Tribunal las siguientes personas:

 

        -Don Horacio Verbitsky

        -Don Ernesto Daniel Godman

        -Don Hugo Omar Cañón

        -Don Vicente Romero Ramírez

        -Doña María Isabel Chorobik de Mariano

        -Doña Elsa Beatriz Pavón

        -Don Rafael Torres Mulas

        -Don Atilio Gustavo Calotti

        -Doña Adriana Leila Calvo de Laborde de Mariani

        -Doña Carla Artes Company

        -Doña Mirta Elisabeth Mántaras

        -Don Robert John Cox

        -Don Pablo Lautaro Javkin

        -Don Luís Velasco Blake

        -Doña Hebe Margarita Cáceres Molteni

        -Doña María Manuela Pérez Labrador

        -Doña Carlota Ayub Larrouse

        -Doña Matilde Artes Company

        -Doña Susana Irma García Iglesias

        -Doña Sara Gerest Broide

        -Doña Enriquete Estela Barnes de Carloto

        -Doña Nora Gutierrez Penette

        -Doña Orsa Tarlovsky Roissimblit

        -Don Emilliano Lautaro Hueravilo Alonso

        -Doña Marta Bettini de Francese

        -Don Hagelin Ragnar Erlan

        -Doña Graciela Beatriz Daleo

        -Don Mario César Villani

        -Doña María Alicia Milia de Pirles

        -Doña Nilda Hydee Orazi González

        -Doña Silvia Labayru Brignoles

        -Doña Norma Susana Burgos Molina

        -Don Alberto Eduardo Girondo

        -Doña Marta Remedios Álvarez

        -Don Adolfo María Pérez Esquivel

        -Don Julio César Strassera

        -Doña Soledad Alameda SAntamaría

        -Don Federico Augusto Gómez Miranda

        -Don Enrique Santiago Romero

        -Don Juan Enrique Garcés Ramón

        -Don José Manuel Sánchez HErnández

        -Don Isabelo Herreros Martín Maestro

 

      Prestaron su declaración a través de videoconferencia los siguientes testigos:

 

 

 

        El testigo de las acusaciones populares y particulares, Don Ernesto Sábato, prestó declaración desde su domicilio en la República de Argentina contestando a los pliegos de preguntas escritas admitidas pertinentes por el Tribunal y remitidas a dicho país por conducto diplomático.

       

        Se emitieron informes periciales por parte de las siguientes personas:

                

 

        DOCUMENTAL: Se inició con el visionado de dos DVD aportados por el testigo Don Vicente Romero, continuándose con el correspondiente a un reportaje de altos cargos militares argentinos, con entrevista realizada en Buenos Aires por el procesado Adolfo Scilingo para la BBC, con entrevista del mencionado procesado realizada el 13 de noviembre de 1997 al programa de televisión del Canal 13 y a la primera cadena de TVE, con entrevista efectuada por la desaparecida Doña Dagmar Ingrid Hagelin y finalizando con el visionado de la cinta de vídeo aportada por el testigo Don Hugo Cañón y titulada “La historia no oficial”.

 

        En la sesión correspodiente al día 3 de marzo, se dio lectura a declaraciones de testigos actualmente fallecidos, así como pasajes de los libros: “Por siempre nunca más” y “El vuelo”.

 

        En la sesión correspondiente al día 7 de marzo, se dio lectura a parte del contenido de la Comisión Rogatoria incorporada a la causa y referente a la Planilla de Vuelos de Skylab y Electra; del libro “De Nuremberg a Madrid”; de diversos folios contenidos en el libro “Por siempre nunca más” y del listado de internamiento durante junio de 1997 en la ESMA, todas ellas propuestas por la Defensa del procesado Scilingo Manzorro.

       

 

Tercero. El Ministerio Fiscal en conclusiones definitivas consideró que los hechos que habían quedado probados constituían:

 

         Se formulan dos calificaciones alternativas, ambas dentro de la categoría más amplia de crímenes contra la humanidad, como son el genocidio y la lesa humanidad, ambas con las correspondientes alternativas de terrorismo tal y como se expresa a continuación:

 

 

A//  CALIFICACIÓN GENOCIDIO/TERRORISMO

 

 

1)Respecto de los resultados de muerte:

 

1.-Un delito de GENOCIDIO  en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 1º del Código Penal de 1973 en concurso real con 30 delitos de asesinato en grado de consumación previstos y penados por el artículo 406 del Código Penal de 1973 en relación con el artículo 137 bis del mismo texto legal.

 

2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 1º del Código Penal de 1973 en concurso real con 30 delitos de TERRORISMO ORGANIZADO  en grado de consumación previstos y penados por el artículo 294 bis b), 1º del Código de Justicia Militar de 1945 o, a partir del DL 3/1977, 30 delitos de terrorismo organizado en grado de consumación previstos y penados por el Anexo 2 del Código Penal de 1973.

 

3. Alternativamente, respecto del terrorismo y para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización o grupo, 30 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por los artículos 260, 1º y 261 del Código Penal de 1973.

 

2) Respecto de los resultados de lesiones:

 

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 2º del Código Penal de 1973 en concurso real con 93 delitos de lesiones previstos y penados por el artículo 420 del Código Penal de 1973 en relación con el artículo 137 bis del mismo texto legal.

 

2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 2º del Código Penal de 1973 en concurso real con 93 delitos de TERRORISMO ORGANIZADO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 294 bis b, 2º del Código de Justicia Militar de 1945 o, a partir del DL 3/1977, 93 delitos de terrorismo organizado en grado de consumación previstos y penados por el Anexo 2 del Código Penal de 1973.

 

3.-Alternativamente, respecto del terrorismo y para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización o grupo, 93 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por los artículos 260, 1º y 2º y 261 del Código Penal de 1973.

 

3) Respecto de los resultados sometimiento del grupo o cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud:

 

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el articulo 137 bis, 3º del Código Penal de 1973.

 

4) Respecto de los resultados de adopción de medidas que tiendan a impedir el género de vida o reproducción de un grupo:

 

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, segundo párrafo, del Código Penal de 1973.

 

5) Respecto de los resultados detención ilegal:

 

1.-255 delitos de TERRORISMO ORGANIZADO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 294 bis b), 1º del Código de Justicia Militar de 1945 o, a partir del DL 3/1997, 255 delitos de terrorismo organizado en grado de consumación previstos y penados por el Anexo 2 del Código Penal de 1973.

 

2.-Alternativamente: para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización o grupo, 255 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por los artículos 260, 3º y 261 del Código Penal de 1973.

 

NOTA SOBRE LA LEGISLACIÓN PENAL APLICABLE EN MATERIA DE TERRORISMO AL MOMENTO DE REALIZARSE LOS HECHOS DELICTIVOS.

 

Respecto a la legislación en materia antiterrorista vigente al momento de realizarse los hechos delictivos hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones:

 

Terrorismo organizado: Por la Ley 42/1971, de 15 de noviembre, se introducen en el Código de Justicia Militar de 1945 los artículos 294 bis a) y ss. Que requieren expresamente que las acciones terroristas se realicen por personas que pertenezcan o actúen al servicio de organizaciones o grupos. Por Real Decreto 3/1977, de 4 de enero, se introducen en el Código Penal de 1973, como Anexos 1,2 y 3, los artículos 294 bis a) a bis c) del Código de Justicia Militar con el mismo contenido y penalidad.

 

Terrorismo no organizado: Los delitos de terrorismo del Código Penal de 1973 (artículos 260 y ss.) se conforman en virtud de los establecido por la Ley 44/1971, de 15 de noviembre sin que se requiera, para su aplicación, que las acciones terroristas se realicen por personas que pertenezcan a organizaciones o grupos.

 

DL 1975: en virtud de lo establecido por el DL 10/1975, de 26 de agosto, las penas por los delitos de terrorismo deben imponerse en su grado máximo cuando se causare muerte de autoridades o funcionarios o se cause la muerte de una persona secuestrada (artículos 1 y 2). La vigencia de los preceptos señalados termina con la Ley 2/1976, de 18 de febrero.

 

B// CALIFICACIÓN LESA HUMANIDAD/TERRORISMO

 

En esta alternativa calificación se formulan a su vez, dos alternativas:

 

1.-Conforme a la legislación actual, los hechos son constitutivos de un delito de lesa humanidad del artículo 607 bis 1, 1º y 2, 1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º y 10º del Código Penal de 1995 (en la redacción dada por la Ley 15/2003 de 25 de noviembre que entró en vigor el 1 de octubre de 2004).

 

TERRORISMO con aplicación de los preceptos vigentes al momento de la comisión de los delitos, se mantiene en esta calificación la alternativa relativa al delito de comisión y tal como se expuso en el apartado precedente si bien referido al delito de lesa humanidad.

 

2.-Conforme a la legislación vigente en el momento de la comisión: los hechos serían constitutivos de un DELITO CONTRA  LA HUMANIDAD conforme a lo previsto en el artículo 15,2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 (B.O.E. 30.04.77) (Resolución 3(I) de la Asamblea General de NU de 13 de febrero de 1946, Resolución 95 (I) de la Asamblea General de UN de 11 de diciembre de 1946, resolución 177 (II) de la Asamblea General de UN de 21 de noviembre de 1947), conforme a lo previsto en los artículos 10 y 96 de la Constitución Española; en concurso real con 30 delitos de asesinato del artículo 406 del Código Penal de 1973 y en concurso real con 93 delitos de lesiones del artículo 420 del Código Penal de 1973.

 

Asimismo, se mantiene en esta calificación la alternativa relativa al delito de TERRORISMO con aplicación de los preceptos vigentes al momento de la comisión tal y como se expuso en el apartado relativo a la calificación de genocidio, si bien referido al crimen contra la humanidad.

 

 

De los expresados delitos es responsable criminalmente el acusado en concepto de autor en virtud de lo establecido en los artículos 14,1 del Código Penal de 1973 o artículo 28 del Código Penal de 1995.

 

 

En la ejecución de los hechos son de apreciar las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal:

 

Conforme al Código de Justicia Militar de 1945 y Código Penal de 1973:

 

1.Ejecutar el hecho con alevosía (artículos 187,1 CJM y 10,1 CP)

2.Prevalerse del carácter público del culpable (artículo 187,9 CJM y 10,10 CP)

3.Para el supuesto de que no se aprecie el concurso con el delito de tortura: ensañamiento (artículos 187,4 CJM y 10,5 CP)

 

Conforme al Código Penal de 1995:

 

1.Ejecutar el hecho con alevosía (artículo 22,1)

2.Prevalerse del carácter público del culpable (artículo 22,7)

3.Para el supuesto de que no se aprecie el concurso con el delito de tortura: ensañamiento (artículo 22,5)

 

 

 A//CALIFICACIÓN GENOCIDIO/TERRORISMO

 

1)Por los delitos comprendidos en los apartados 1), 2), 3) y 4):

 

1.Delitos de GENOCIDIO, en concurso ideal en virtud de lo previsto en el artículo 71, en relación con el artículo 137 bis, del Código Penal de 1973, debe sancionarse por la realización de un único delito de genocidio, el más grave, en su grado máximo procediendo imponer una pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

A su vez, el delito de Genocidio se halla en relación de concurso real (artículos 69 y ss. del Código Penal de 1973) con los siguientes delitos:

 

-30 delitos de asesinato por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

-93 delitos de lesiones por los que proceden imponer para cada uno de ellos la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN MENOR.

 

2.Alternativamente, el delito de GENOCIDIO se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

 

-30 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de muerte por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

-93 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de lesiones por los que procede imponer por cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

2)Por los delitos comprendidos en el apartado 5):

 

En relación de concurso real por 255 delitos de terrorismo ORGANIZADO O NO ORGANIZADO procede imponer la pena para cada uno de ellos de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

        

B//CALIFICACIÓN LESA HUMANIDAD/TERRORISMO

 

A.CONFORME A LA LEGISLACIÓN ACTUALMENTE EN VIGOR:

                

1.Todos los delitos de LESA HUMANIDAD se hallan ebtre sí enuna relación de concurso ideal por lo que, en virtud de lo establecido por el artículo 77 debe sancionarse con la pena prevista para la modalidad más grave en us mitad superior procediendo imponer una pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.

 

A su vez, el delito de LESA HUMANIDAD se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

      

        a)30 delitos de asesinato por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de 30 AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

       

        b)93 delitos de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de 6 AÑOS DE PRISIÓN MENOR.

 

2.Alternativamente, el delito de LESA HUMANIDAD se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

 

        a) 30 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de muerte por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.                                 

 

2)Por los delitos comprendidos  en el apartado 5):

 

En relación de concurso real por 255 delitos de terrorismo ORGANIZADO O NO ORGANIZADO procede imponer la pena para cada uno de ellos de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

B.CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LOS HECHOS:

 

Procede imponer las siguientes penas:

 

1)Por el delito contra la Humanidad:

 

-30 años de reclusión mayor por cada uno de los 30 delitos de asesinato.

 

-6 años de prisión menor por cada uno de los 93 delitos de lesiones.

 

2)Alternativamente, el delito CONTRA LA HUMANIDAD se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

        

         c) 30 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de muerte por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

        

         d)93 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

2)Por los delitos comprendidos en el apartado 5):

 

         En relación de concurso real por 255 delitos de terrorismo ORGANIZADO O NO ORGANIZADO procede imponer la pena para cada uno de ellos de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

        

          En todos los casos, deben imponerse además las PENAS ACCESORIAS Y COSTAS del procedimiento.

*

 

 

Por la Acusación Popular ejercida en nombre de la Asociación Argentina Pro Derecho Humanos, de Izquierda Unida y de la Particular de Doña Graciela Palacio de Lois, se mantuvieron sus conclusiones provisionales modificándose alternativamente por lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad que anteriormente han quedado debidamente reflejados por la calificación efectuada por el Ministerio Público al que nos remitimos íntegramente.

 

El resto de las Acusaciones Particulares y Populares que aparecen al inicio de la presente resolución mantuvieron sus conclusiones provisionales elevándolas como definitivas, y consideraron que los hechos que habían quedado probados constituían:

 

A)CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE REALIZARSE LOS HECHOS DELICTIVOS:

 

1) Respecto de los resultados de muerte:

 

         1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 1º del Código Penal de 1973 en concurso real con 30 delitos de asesinato en grado de consumación previstos y penados por el artículo 406 del Código Penal de 1973 en relación con el artículo 137 bis del mismo texto legal.

 

         2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 1º del Código Penal de 1973 en concurso real con 30 delitos de TERRORISMO ORGANIZADO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 294 bis b), 1º del Código de Justicia Militar de 1945 o, a partir del DL 3/1977, 30 delitos de terrorismo organizado en grado de consumación previstos y penados por el Anexo 2 del Código Penal de 1973.

 

         3.-Alternativamente respecto del terrorismo y para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización o grupo, 30 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por los artículos 260, 1º y 261 del Código Penal de 1973.

 

2)Respecto de los resultados de lesiones:

 

         1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 2º del Código Penal de 1973 en concurso real con 93 delitos de lesiones previstos y penados por el artículo 420 del Código Penal de 1973 en relación con el artículo 137 bis del mismo texto legal.

 

         2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 2º del Código Penal de 1973 en concurso real con 93 delitos de TERRORISMO ORGANIZADO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 294 bis b, 2º del Código de Justicia Militar de 1945 o, a partir del DL 3/1977, 93 delitos de terrorismo organizado en grado de consumación previstos y penados por el Anexo 2 del Código Penal de 1973.

 

         3.-Alternativamente, respecto del terrorismo y para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización o grupo, 93 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por los artículos 260, 1º y 2º y 261 del Código Penal de 1973.

 

3)Respecto de los resultados sometimiento del grupo o cualquier de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud:

 

         1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 3º del Código Penal de 1973.

 

4)Respecto de los resultados de adopción de medidas que tiendan a impedir el género de vida o reproducción de un grupo:

 

         1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, segundo párrafo del Código Penal de 1973.

 

5)Respecto de los resultados de detención ilegal y violación:

 

         1.-255 delitos de TERRORISMO ORGANIZADO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 294 bis b), 1º del Código de Justicia Militar de 1945 o, a partir del DL 3/1977, 255 delitos de terrorismo organizado en grado de consumación previstos y penados por el Anexo 2 del Código Penal de 1973.

 

2.-Alternativamente: para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización p grupo, 255 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por los artículos 260, 3º y 261 del Código Penal de 1973.

 

 

NOTA SOBRE LA LEGISLACIÓN PENAL APLICABLE EN MATERIA DE TERRORISMO AL MOMENTO DE REALIZARSE LOS HEHCOS DELICTIVOS

 

         Respecto a la legislación en materia antiterrorista vigente al momento de realizarse los hechos delictivos hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones:

 

*Terrorismo organizado: Por Ley 42/1971, de 15 de noviembre, se introducen en el Código de Justicia Militar de 1945 los artículos 294 bis a) y ss. que se requieren expresamente que las acciones terroristas se realicen por personas que pertenezcan o actúen al servicio de organizaciones o grupos. Por Real Decreto 3/1977, de 4 de enero, se introducen en el Código Penal de 1973, como Anexos 1, 2 y 3, los artículos 294 bis a) a bis c) del Código de Justicia Militar con el mismo contenido y penalidad.

 

*Terrorismo no organizado: Los delitos de terrorismo del Código Penal de 1973 (artículos 260 y ss.) se reforman en virtud de lo establecido por la Ley 44/1971, de 15 de noviembre sin que se requiera, para su aplicación, que las acciones terroristas se realicen por personas que pertenezcan a organizaciones o grupos.

 

*DL 1975: en virtud de lo establecido por el DL 10/1975, de 26 de agosto, las penas por delitos de terrorismo deben imponerse en su grado máximo cuando se causare muerte de autoridades o funcionarios o se cause la muerte de una persona secuestrada (artículos 1 y 2). La vigencia de los preceptos señalados termina con la Ley 2/1976, de 18 de febrero.

 

B)CONFORME A LA LEGISLACIÓN ACTUALMENTE EN VIGOR:

 

1)Respecto de los resultados de muerte:

 

         1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 1º del Código Penal de 1995 en concurso real con 30 delitos de asesinato previstos y penados por el artículo 139 en relación con el artículo 607, 1, 1º del mismo texto legal.

 

         2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 1º del Código Penal de 1995 en concurso real con 30 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 572, 1, 1º del mismo texto legal.

 

         3.-Alternativamente al terrorismo para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización terrorista, 30 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 577 del Código Penal.

 

2)Respecto de los resultados de lesiones y agresiones sexuales:

 

         1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 2º, 3º y 5º del Código Penal de 1995 en concurso real con 93 delitos de lesiones en grado de consumación previstos y penados por le artículo 148, en relación con el artículo 607, del mismo texto legal.

 

         2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 2º, 3º y 5º del Código Penal de 1995 en concurso real con 93 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 572, 1, 2º y 3º del Código Penal de 1995.

 

         3.-Alternativamente: para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización terrorista, 93 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 577 del Código Penal.

 

3)Respecto de los resultados sometimiento del grupo o cualquiera de sus individuos o condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud:

 

         1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 3º.

 

4)Respecto de los resultados de adopción de medidas que tiendan a impedir el género de vida o reproducción de un grupo:

 

         1.Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 4º.

 

5)Respecto de los resultados de detención ilegal:

 

         1.-255 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 572, 2º y 3º del Código Penal de 1995.

 

         2.-Alternativamente al supuesto de terrorismo para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización o grupo, 255 delitos de terrorismo previstos y penados por el artículo 577 del Código Penal de 1995.

 

6)Respecto de los resultados atentados contra la integridad moral:

 

         1.-286 delitos de TORTURA en grado de consumación previstos y penados por el artículo 174, 1 del Código Penal de 1995.

 

 

De los expresados delitos es responsable criminalmente el acusado en concepto de autor en virtud de lo establecido en los artículos 14,1 del Código Penal de 1973 o artículo 28 del Código Penal de 1995.

 

 

En la ejecución de los hechos son de apreciar las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal:

 

A)Conforme al Código de Justicia Militar de 1945 y Código Penal de 1973:

 

         1.-Ejecutar el hecho con alevosía (artículos 187,1 CJM y 10,1 del CP)

         2.-Prevalerse del carácter público del culpable (artículos 187,9 CJM y 10,10 CP)

         3.-Para el supuesto de que no se aprecie el concurso con delito de tortura: ensañamiento (artículos 187,4 CJM y 10,5 CP)

 

B)Conforme al Código Penal de 1995:

 

         1.-Ejecutar el hecho con alevosía (artículo 22,1)

         2.-Prevalerse del carácter público del culpable (artículo 22,7)

         3.-Para el supuesto de que no se aprecie el concurso con el delito de tortura: ensañamiento (artículo 22,5)

 

 

Procede que se imponga al acusado las siguientes penas:

 

A)CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE REALIZARSE LOS HECHOS DELICTIVOS:

 

1)Por los delitos comprendidos en los apartados 1), 2), 3) y 4):

 

1.-Todos los delitos de GENOCIDIO se hallan entre sí en una relación de concurso ideal por lo que, en virtud de lo previsto por el artículo 71, en relación con el artículo 137 bis, del Código Penal de 1973, debe sancionarse por la realización de un único delito de genocidio, el más grave, en su grado máximo procediendo imponer una pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

A su vez, el delito de Genocidio se halla en relación de concurso real (artículos 69 y ss. del Código Penal de 1973) con los siguientes delitos:

 

a)30 delitos de asesinato por los que procede imponer cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

b)93 delitos de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN MENOR.

 

2.-Alternativamente, el delito de GENOCIDIO se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

 

a)30 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de muerte por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

b)93 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

2)Por los delitos comprendidos en el apartado 5):

 

         1.-En relación de concurso real (artículos 69 y ss. CP 1973 y artículo 237 del CJM de 1945) con lo anteriormente establecido, por 255 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

 

B)CONFORME A LA LEGISLACIÓN ACTUALMENTE EN VIGOR:

 

1)Por los delitos comprendidos en los apartados 1), 2), 3) y 4):

 

         1.- Todos los delitos de GENOCIDIO se hallan entre sí en una relación de concurso ideal por lo que, en virtud de lo establecido por el artículo 77, en relación con el artículo 607, 1, 1º, 2º, 3º y 5º, del Código Penal de 1995, debe sancionarse con la pena prevista para la modalidad más grave en su mitad superior procediendo imponer una pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.

 

         A su vez, el delito de Genocidio se halla en una relación de concurso real (artículos 73 y ss. CP 1995) con los siguientes delitos:

 

         a)30 delitos de asesinato por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.

 

         b)93 delitos de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN.

 

         2.- Alternativamente el delito de Genocidio se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

 

         a)30 delitos de TERRORISMO organizado con resultado de muerte por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE PRISIÓN.

 

         b)93 delitos de TERRORISMO organizado con resultado de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN.

 

         3.-Alternativamente, para el caso de que se estimara la calificación de TERRORISMO no organizado, procede imponer las siguientes penas:

 

         a)por 30 delitos de TERRORISMO con resultado de muerte para cada uno de ellos la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.

 

         b)por 93 delitos de TERRORISMO con resultado de lesiones para cada uno de ellos la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN.

 

2)Por los delitos comprendidos en el apartado 5):

 

         1.-En relación de concurso real (artículos 73 y ss. CP 1995) con lo anteriormente establecido, por 255 delitos de TERRORISMO organizado procede imponer para cada uno de ellos la pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN.

 

         2.-Alternativamente, por 255 delitos de TERRORISMO no organizado procede imponer para cada uno de ellos la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN.

 

3)Por los delitos comprendidos en el apartado 6):

 

         1.-En relación de concurso real (artículos 73 y ss. CP 1995) con lo anteriormente establecido, por 286 delitos de TORTURA procede imponer para cada uno de ellos las penas de SEIS AÑOS DE PRISIÓN Y DOCE AÑOS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA.

 

         En todos los casos, deben imponerse además las PENAS ACCESORIAS Y COSTAS del procedimiento.

 

        

        La defensa del acusado solicitó la libre absolución de su defendido.

                 

   

II. HECHOS PROBADOS.

 

PRIMERO.  EL CONTEXTO. EL PLAN SISTEMATICO

 

1. ANTECEDENTES DEL GOLPE MILITAR.

 

En la República Argentina, a lo largo de todo el año 1.975, e incluso con anterioridad, los responsables militares de cada una de las armas del Ejército, con la ayuda de las Fuerzas Policiales y los Servicios de Inteligencia y apoyo de grupos de civiles, tomaron la decisión no sólo de derrocar a la Presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, mediante un golpe de Estado, que se materializó el 24 de marzo de 1.976, sino también de diseñar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de secuestro, tortura, desaparición y, finalmente, eliminación física de toda aquella parte de la ciudadanía que reputaban sospechosa de ser “subversiva",  entendiendo por tal las que por su forma de pensar, actividades, relaciones o adscripción política resultaban en apariencia incompatibles con su proyecto político y social. La selección de quienes tendrían la consideración de subversivos se haría en función de su adscripción a determinadas actividades y sectores,  fundamentalmente por motivos políticos e ideológicos, aunque también influirían los étnicos y religiosos.

 

Una vez conseguido el objetivo de extender en la sociedad argentina la sensación generalizada de vivir en un estado de absoluto desastre institucional, económico y social, el siguiente paso en el esquema diseñado fue presentar a la Presidenta de la Nación como una persona incapaz de dirigir el país, situación que ésta aceptó, permitiendo de facto que los militares dirigiesen la situación y diesen cobertura "legal" a la represión, iniciada con el Decreto número 261/75, de 5 de febrero de 1.975 (tomos 52 y 94 de la Pieza Separada de Documentación), en el que se establecía una estructura funcional para todos los organismos de inteligencia y por el que se autorizaba al Ejército de Tierra a ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar o aniquilar toda acción de los elementos subversivos que actuasen en la Provincia de Tucumán; y la Orden secreta de 5 de febrero de 1.975 (tomo 94), del General Jorge Rafael Videla, en la que se dió luz verde a las operaciones de represión en esa Provincia y al llamado "Operativo Independencia", que se inició el día 9 de febrero de 1.975, dirigido por el General Vilas, y, que constituyó el inicio de lo que un año después desembocaría en el golpe militar.

 

Esta cobertura se consumó con los Decretos que, a instancia de los responsables militares -que de hecho gobernaban el país-, firmó el Presidente interino Italo Luder, el 6 de octubre de 1.975, con los números 2.770/75, por el que se constituyó el Consejo de Seguridad Interior y Consejo de Defensa (tomo 94); número 2.771/75, por el que se dispusieron los medios necesarios para la lucha contra la subversión (tomo 94); y número 2.772/75, por el que se libraron órdenes de ejecución de operaciones militares y de seguridad para eliminar o aniquilar la acción de todos los elementos subversivos en todo el territorio del país (tomo 94) –continuación, por tanto, del Decreto 261/75, de 5 de febrero–.

 

2.        EL PLAN DE EJÉRCITO Y LA IDEOLOGÍA DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL.- DECLARACIONES Y ARENGAS.- DECRETOS Y ÓRDENES SECRETAS.

 

A pesar de que, como ha quedado expresado, durante el gobierno constitucional se habían dictado numerosas y severísimas leyes represivas para combatir las actividades subversivas, agravándose penas, creándose nuevas figuras penales, aplicándose normas restrictivas para salir del país y dictándose varios decretos contra la lucha subversiva, de forma que ya todas las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, etc., habían quedado bajo la responsabilidad primaria del ejército para la lucha anti-subversiva y que los grupos violentos revolucionarios, en realidad, estaban ya notablemente desarticulados, ello no era suficiente para los fines de quienes habrían de ejecutar el inminente golpe militar, que estimaban necesaria la eliminación física del grupo nacional opositor a su ideología o a su proyecto.

 

Por ello, a partir de aquella fecha –6 de octubre de 1.975– los responsables militares máximos de los tres ejércitos y los policiales y de los Servicios de Inteligencia ultimaron los preparativos en forma coordinada para la toma del Poder y el desarrollo a gran escala del plan de eliminación y desaparición sistemática de personas de los diferentes bloques de población, clasificándolas bien por su profesión, adscripción ideológica, religiosa, sindical, gremial o intelectual, e incluso étnica y que afectaría a estudiantes, trabajadores, amas de casa, niños, minusválidos o discapacitados, políticos, sindicalistas, abogados, judíos y, en general, cualquier persona o sector que entendían opuesto a la selección realizada, so pretexto de desarrollar o participar en actividades supuestamente terroristas y contrarias a lo que denominaban "la moral occidental y cristiana", y que incluso dio pie también a la represión por motivos religiosos contra todos aquéllos que no perteneciesen o discrepasen de la doctrina "oficial" católica, según la entendía la cúpula militar.

 

Así, el General Videla había anunciado en la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos (Montevideo, 1.975): "en la Argentina van a tener que morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país".

 

En los días inmediatamente previos al golpe, hacia el día de 10 de marzo de 1.976, el almirante Luis María Mendía, Comandante de Operaciones Navales, siguiendo órdenes del Comandante en Jefe Emilio Eduardo Massera, y con conocimiento y conformidad de la alta jerarquía de la Armada, en desarrollo del plan previamente establecido por los responsables de las Fuerzas Armadas, convocó a toda la Plana Mayor del Area Naval de Puerto Belgrano, en número de 900 marinos aproximadamente, y los arengó en el sentido de que el país estaba lleno de “delincuentes subversivos” y que se les debía combatir para conseguir, según decía Horacio Hernán Berdine —compañero y asesor de psicología de Massera—, un país distinto, pacificado, con orden y economía espectacular.

 

Pocos días después del golpe militar el mismo almirante Mendía convocó una nueva reunión en el cine de Puerto Belgrano en la que marcó los lugares en los que se encontraban los "subversivos" y le comunicó a la Plana Mayor que la Armada no iba a ser ajena al combate antisubversivo y que integraría el Grupo de Tareas 3.3.2, constituido por la Compañía de Ceremonial reestructurada, con un área de operaciones que se extendería a la zona norte de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Asimismo les indicó que se combatiría todo lo que fuera "contrario a la ideología occidental y cristiana", todo ello con el beneplácito de la jerarquía católica castrense, y con el apoyo de un gabinete especial creado por Massera.

 

En esa reunión Mendía explicó el método de "lucha contra la subversión" e indicó que se actuase con ropa civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una "muerte cristiana".

 

Igualmente Mendía, siguiendo órdenes de Massera, expresó que otro método de depuración a seguir sería que las detenidas embarazadas permanecerían con vida hasta el alumbramiento de los bebés, los cuales serían entregados a familiares de marinos, militares o civiles que previamente lo solicitasen a través del orden establecido en la Escuela Mecánica de la Armada (E.S.M.A.). Con ello se pretendía conseguir evitar la “contaminación" que supondría devolver los hijos a sus familias biológicas.

 

Inmediatamente producido el golpe militar, el General Viola ordenó "que la evacuación de los detenidos se producirá con la mayor rapidez, previa separación por grupos: jefes, hombres, mujeres y niños, inmediatamente después de las capturas".

 

En 30 de abril de 1.976 el General Luciano Benjamín Menéndez, afirmó que la actividad de los intelectuales y artistas discrepantes constituía "un veneno para el alma de la nacionalidad argentina", añadiendo que "de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelectual y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina".

 

Desde el 24 de marzo de 1.976 -fecha del golpe de Estado-  hasta 10 de diciembre de 1.983, las Fuerzas Armadas argentinas usurparon ilegalmente el gobierno y pusieron en marcha el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” (P.R.N.) y la denominada “Lucha contra la subversión” (L.C.S.), cuya finalidad, en realidad, era la destrucción sistemática de personas que se opusiesen a la concepción de nación sostenida por los militares golpistas, y a las que se identificaría como opuestas a la "Civilización Occidental y Cristiana".

 

Tales designios se exponían y detallaban extensamente en el denominado Plan General del Ejército, que desarrollaba el Plan de Seguridad Nacional, y que se definía en la Orden Secreta de Febrero de 1.976, en la que se contenía la doctrina y las acciones concretas para tomar por la fuerza el poder político e imponer el terror generalizado a través de la tortura masiva y la eliminación física ó desaparición forzada de miles de personas que se opusieran a las doctrinas emanadas de la cúpula militar.

 

Tal manera de proceder suponía la secreta derogación de las normas legales en vigor, respondía a planes aprobados y ordenados a sus respectivas fuerzas por los Comandantes militares, según las disposiciones de las Juntas Militares y se tradujo en la implantación de todo un organigrama de grupos, organizaciones y bandas armadas, que, subvirtiendo el orden constitucional y alterando gravemente la paz pública, cometieron toda una cadena de hechos violentos e ilegales que desembocaron en una represión generalizada y en un estado de absoluto terror de toda la población.

 

En el apartado "Detención de Personas", punto 4 (Fases: 2) de la referida Orden Secreta de febrero de 1.976 se disponía que:

 

"La operación consistirá en detener... a todas aquellas personas que la Junta de Comandantes Generales establezca o apruebe para cada jurisdicción...

 

La planificación respecto a los elementos a detener... deberá contar con la aprobación de la Junta de Comandantes Generales".

 

En la referida Orden se plasmaba una metodología clandestina e ilegal en la siguiente forma:

 

"La incomunicación caracterizará todo el proceso de detención de los inculpados y solamente podrá ser levantada por la Junta de Comandantes Generales.

 

No se permitirá la intervención de personas extrañas a las FF.AA. en defensa de los detenidos.

 

La composición de los equipos especiales de detención, y todo el accionar de los mismos será registrado en documentos secretos, a elaborar dentro del más estricto marco de seguridad y de secreto militar.

 

Dichos documentos deberán estar permanentemente a disposición de la Junta de Comandantes Generales y elevados toda vez que ésta los requiera.

 

Ningún integrante del equipo está facultado para suministrar información alguna a la prensa y vinculada al cumplimiento de esta operación, ello será facultad exclusiva de la Junta de Comandantes Generales".

 

Por tanto, el secuestrado perdía toda conexión con el exterior. Paralelamente, nadie podía conocer en qué Centro Clandestino de Detención se hallaba el mismo.

 

El Plan del Ejército fue complementado por la Orden de Operaciones nº 2/76 (tomo 150), que disponía:

 

"1) DETENCIÓN DE PERSONAS: se continuará con la detención de personas que aun se encuentren prófugas, según las listas.... Las de prioridad ...estará a cargo del  Servicio de Inteligencia del Estado (S.I.D.E.), Policía Federal Argentina (P.F.A.) y Policía Provincial: Delincuentes comunes y económicos insertos en lista de prioridad 1;

 

"En cuanto a los Delincuentes subversivos: además de los organismos citados... en la detención de este tipo de delincuentes intervendrán los elementos técnicos de Inteligencia del Ejército".

 

2)       OCUPACIÓN Y CLAUSURA DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y SEDES SINDICALES... se desalojará a todo el personal que se encuentre en el edificio... sobre este personal se deberá ejercer un rígido control... apostará un guardia militar para el acceso... se efectuará un estricto control de todo movimiento... Toda persona de cualquier índole que transgreda estas normas será detenida y puesta a disposición del Gobierno Militar...

 

3) CONTROL DE GRANDES CENTROS URBANOS Y CIERRE DE AEROPUERT0S, AERODROMOS Y PISTAS: La finalidad es... impedir la salida del país de personas que el Gobierno Militar disponga sean investigadas.

 

4) VIGILANCIA DE FRONTERAS: ...se ejecutarán las acciones militares necesarias para impedir la salida del país a través de la frontera terrestre..."

 

5) SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS... Se deberá impedir todo tipo de comunicación con el exterior por parte de los detenidos...

 

8) CONTROL DE ACCESO A SEDES DIPLOMÁTICAS. Se ejercerá la vigilancia exterior del edificio que ocupa la representación diplomática seleccionada a efectos de impedir el acceso de personas ajenas a la misma, con el propósito de solicitar asilo político".

 

En el Anexo 2 (INTELIGENCIA) del Plan del Ejército (tomo 150) se incluían como oponentes activos o potenciales a todo el espectro social:

 

1.-      Las organizaciones político militares.

2.-      Las organizaciones políticas y colaterales.

3.-      Las organizaciones gremiales.

4.-      Las organizaciones estudiantiles.

5.-      Las organizaciones religiosas.

6.-      Las personas "vinculadas", descritas como aquellas «relacionadas al quehacer nacional, provincial, municipal o a alguna de las organizaciones señaladas: existen personas con responsabilidad imputable al caos por el que atraviesa la Nación e igualmente podrán surgir otras de igual vinculación que pretendieran entorpecer y hasta afectar el proceso de recuperación del país.

 

A tales elementos, debidamente individualizados, se los encuadrará conforme a las previsiones establecidas en el documento "Detención de personas" o normas que específicamente pudiera establecer la Junta de Comandantes Generales».

 

El Reglamento RC-9-1 (1.977) especificaba que no se utilizará jamás la denominación de "guerrilla ni guerrillero". "Quienes participen en sus acciones serán considerados delincuentes comunes (subversivos). Las organizaciones que integren serán calificadas como bandas de delincuentes subversivos, a los que hay que eliminar".

 

La Orden Parcial nº 405, de 21 de mayo de 1.976 (tomo 150, f. 29832 a 29854), de reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión, reiteraba la necesidad de centralizar la conducción de las acciones de inteligencia en las operaciones con unidad de comando.

 

La Directiva del Comandante en Jefe del Ejército nº 504/77 (tomo 150) ("Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período de 1.977-78") expresaba:

 

"3) La acción militar directa ha producido un virtual aniquilamiento de las organizaciones subversivas, con un desgaste aproximado al 90% de su personal encuadrado, mientras la acción militar de apoyo a las estrategias sectoriales de cada Ministerio, actuando sin la conveniente orientación que le hubiera dado un planeamiento adecuado del sector gubernamental en lo que hace a la Lucha contra la Subversión, ha conseguido sólo una temporaria normalización de los ámbitos prioritarios, donde, precisamente ha reforzado su accionar el oponente".

 

"4) Este cambio de la delincuencia subversiva y la existencia de problemas económico-laborales que aún inciden negativamente sobre la población, exige de la acción de gobierno una preferente atención para superar frustraciones que el oponente esgrime como causas de lucha, y de la acción militar".

 

Y a estos efectos, en los Anexos (tomo 150) se ordenaba la persecución de los oponentes, que ahora pasan a denominarse "delincuentes terroristas", en los ámbitos educacional, religioso, barrial y de la comunicación social, estableciendo (Anexo 5 bis) que "la estrategia global del oponente dirige su esfuerzo principal a la acción insurreccional de masas como una vía económica, aunque más lenta que la armada, en la que la población hábilmente instrumentada se levanta contra el orden legal y alcanza el poder luego de producir una "crisis revolucionaria.

 

La acción es realizada en todos los ámbitos, pero prioritariamente en el educacional para reclutar futuros dirigentes; en el industrial para paralizar la economía, en el religioso para confundir y neutralizar las virtudes morales e ideas filosóficas y quitar la mayor base de unión y en el territorial o barrial, para conquistar a las masas populares, ponerlas sentimentalmente de su parte y enfrentarlas al orden legal existente.

 

El ejército accionará selectivamente sobre organizaciones religiosas, culturales, deportivas de fomento y otras formas de nucleamientos de tipo barrial, en coordinación con organismos estatales, especialmente de nivel municipal, para prevenir o neutralizar situaciones conflictivas explotables por la subversión, detectar y erradicar sus elementos infiltrados y apoyar a las autoridades y organizaciones que colaboran con las Fuerzas Legales, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir de esta forma al normal desenvolvimiento de las actividades de gobierno y al logro de la adhesión de la población".

 

Además, se estableció un sistema de delación y control absoluto en todo el ámbito educativo y cultural, ordenando el general Albano Harguindeguy, Ministro del Interior, al asumir interinamente el Ministerio de Cultura y Educación en 1.978, que «las autoridades educativas, culturales y de ciencia y tecnología deberán informar las novedades sobre la detección de agentes o presuntas actividades subversivas a que diera origen el personal a sus órdenes, a las autoridades militares de su jurisdicción...».

 

El citado Reglamento RC-9-1 (1.977) establecía, en su página 86: "El concepto es prevenir y no "curar", impidiendo mediante la eliminación de los agitadores, posibles acciones insurreccionales masivas. En tal sentido, la detención de los activistas o subversivos localizados deberá ser una preocupación permanente en todos los niveles del comando. Ellos deben ser capturados de inmediato en el lugar en que se encuentren, ya sea el domicilio, la vía pública o el trabajo (fábrica, oficina, establecimiento de enseñanza, etc.)... El ataque permite aniquilar la subversión en su inicio y mostrar a la población que las tropas son las que dominan la situación". Recomendando «aplicar el poder de combate actuando con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. El logro de la adhesión de la población, aspecto fundamental en el ambiente operacional subversivo, se consigue no sólo guardándole todas las consideraciones, sino también infundiéndoles respeto.

 

El ciudadano debe saber que las FF.AA. no molestan a quien cumple la ley y es honesto, pero aplican todo su poder de combate contra los enemigos del país. Respecto a éstos y a los proclives a serlo, es necesario que comprendan que es más conveniente apoyar a las fuerzas legales que oponérseles. Se debe tener presente que los agitadores o subversivos potenciales pueden abandonar posturas pasivas y adoptar procederes activos, si no perciben una firme actitud que les inspire respeto y temor.

 

La acción militar es siempre violenta y sangrienta, pero debe tener su justificación y el apoyo de operaciones psicológicas. Para graduar la violencia están las fuerzas de seguridad y policiales. El concepto rector será que el delincuente subversivo que empuña armas debe ser aniquilado, dado que cuando las FFAA entran en operaciones contra estos delincuentes, no deben interrumpir el combate ni aceptar rendiciones».

 

La regulación de la acción represiva se completaba, con relación a la Armada, con el Plan de Actividades de Comandos de Operaciones Navales, de 1976.

 

Por último, se completaba la estrategia global de terror y exterminio mediante la aplicación del "Manual de Acción Psicológica" (RC-5-1) (tomo 94), que propugnaba la utilización de información y propaganda falsas. Ha sido puesto de manifiesto la existencia de numerosos supuestos de enfrentamientos que, posteriormente, se determinaron inexistentes, y solamente aducidos por la propaganda militar para justificar el asesinato de opositores.

 

El propio Manual de Acción Psicológica reconocía que la finalidad de la propaganda era "permitir un encubrimiento natural de los fines" (artículo 2.010, inciso 5), expresando que "la presión insta por acción compulsiva, apelando casi siempre al factor miedo. La presión psicológica generará angustia, la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior" (artículo 2.004).

 

La estructura represiva organizada funcionó según estaba proyectada, respetándose en todo momento la jerarquía de la escala de mando. Así, los propios comandantes reconocieron en el juicio al que fueron sometidos al fin de la dictadura (Causa 13/84), haber tenido el control efectivo de sus fuerzas. Los jefes y oficiales, que la lucha anti-subversiva se ajustó estrictamente a las órdenes de los comandantes superiores, y que el sistema operativo puesto en práctica fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la nación y prolongado en el tiempo, sin que fuera posible la instalación de centros de detención en dependencias militares o policiales sin existencia de órdenes superiores que lo permitieran, así como tampoco la asignación o movimiento del personal, arsenal, vehículos y combustibles a las operaciones anti-subversivas, que se desarrollaron aprovechando la estructura funcional preexistente de las Fuerzas Armadas. Finalmente, fueron las Fuerzas Armadas quienes se atribuyeron la "victoria" sobre la subversión, explicándola mediante el concepto de "guerra sucia o atípica" y emitiendo un llamado "Documento Final", donde se trataba de dar una explicación a la ciudadanía acerca de la suerte de los desaparecidos, admitiendo, a través de un lenguaje oscuro, que fue necesario utilizar "procedimientos inéditos" e imponer el más estricto secreto sobre la información relacionada con las acciones militares, ratificando que todo lo actuado fue realizado en cumplimiento de las órdenes propias del servicio.

 

                           

3.        ESTRUCTURA DE LA REPRESIÓN.

 

3.1. Estructura vertical y fuertemente jerarquizada.

 

El esquema represivo respondía a una estructura férrea y estrictamente militar.

 

El sistema funcionaba verticalmente, según la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, de Seguridad e Inteligencia, y horizontalmente, por armas o clases, pero con rígida coordinación, impuesta, en última instancia, por los componentes de las sucesivas Juntas Militares, Estados Mayores del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus equivalentes en la Policía y demás Fuerzas de Seguridad e Inteligencia.

 

En el desarrollo del operativo general diseñado, los denominados Grupos Operativos o Grupos de Tareas o Unidades de Tareas estaban integrados por personal militar, civil y de inteligencia y actuaban organizadamente en el seno mismo de las "Fuerzas del Orden", con arreglo al sistema de "comandos", que no respondía necesariamente a unidades militares preexistentes, sino que podían estar compuestos por miembros de diferentes unidades, armas y ejércitos, basándose en criterios de operatividad y homogeneización ideológica, fuera de las normas y manuales de uso en los ejércitos regulares, y siguiendo el mismo esquema de funcionamiento que los "einsatzgruppen" organizados durante la II Guerra Mundial por el ejército alemán bajo las instrucciones del partido nacional socialista.

 

Funcionaron cinco grupos de tareas: el GT1 (Policía Federal), GT2 (Batallón de Inteligencia 601), el GT3 (Armada Nacional), el GT4 (Fuerza Aérea Argentina) y el GT5 (Side).

 

Este diseño se contenía en Directivas secretas o en las denominadas Ordenes de Batalla, y los responsables inmediatos eran los respectivos Comandos en Jefe.

 

3.2. Utilización de las previas estructuras militares.

 

Para ejecutar materialmente el proyecto criminal dibujado, los máximos responsables militares y los jefes de los correspondientes Comandos aprovecharon la propia estructura militar de la Nación, dividida en seis Zonas, a su vez divididas en subzonas y áreas.

 

Zona 1, con sede en la Capital Federal, era controlada por el Comando del Primer Cuerpo del Ejército, y extendía su jurisdicción  a la Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires, excepto los partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Torquinst, Coronel Pringles, Adolfo González Chaves, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, Patagones, Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, Tigre, Tres de febrero y Vicente López. Hasta finales de 1.979, esta zona abarcaba también toda la provincia de La Pampa.

 

Dentro de la subzona Capital Federal, se encontraba el Área III A que extendía su jurisdicción al sector comprendido entre el Río de la Plata, Av. G. Udaondo, Av. del Libertador, Av. Congreso, Av. de los Constituyentes, Av. General Paz. En este Area se ubicaba la Escuela Mecánica de la Armada (E.S.M.A.), que se convirtió en Centro Clandestino de Detención y Torturas desde el comienzo de la dictadura hasta su final.

  

En la Zona I se realizó la mayor parte de las detenciones, dada la mayor densidad de población de la demarcación, interviniendo Unidades de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Granaderos, etc., y la Policía Federal. El puerto dependía de la Prefectura Naval y el aeropuerto quedaba bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea.

 

Zona 2, controlada por el Comando del Segundo Cuerpo del Ejército, con sede en Rosario extendía su jurisdicción a las provincias de Santa Fé, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

 

Zona 3, dependiente del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba, que comprendía además las Provincias de San Luís, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, siendo las Unidades más representativas de la Zona la Brigada de Infantería Aerotransportada número 4 en Córdoba, la Brigada de Infantería Aerotransportada número 5 en Tucumán y los Arsenales Militares.

 

Zona 4, dependiente del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo,  subdividiéndose en ocho Áreas en las que radicaban distintas escuelas de formación.

 

Zona 5, controlada por el Comando del Quinto Cuerpo de Ejército, con sede en Bahía Blanca, que era la más extensa del territorio argentino, ya que comprendía la parte sur de la provincia de Buenos Aires, y la totalidad de la Patagonia, integrada por las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra de Fuego, destacando el Batallón de Comunicaciones 601 de Bahía Blanca y la Brigada de Infantería número 6 de Neuquén.

 

3.3. Centros clandestinos de detención.

 

Dentro de cada una de estas Zonas se habilitaron dependencias militares o se prepararon una serie de lugares idóneos, hasta un número aproximado de trescientos cuarenta centros clandestinos de detención, que acogieran a las personas cuya detención, desaparición y eliminación se preveía. El sistema de eliminación de personas, a partir del golpe militar, deja de ser el fusilamiento o ametrallamiento en plena calle y pasa a ser el de la detención en aquellos lugares secretos con el fin de poder interrogar a los detenidos y, bajo tortura, obtener información, para posteriormente matarlos o mantenerlos secuestrados, consiguiendo con ello una limpieza ideológica, familiar, social, intelectual, sindical, religiosa e incluso étnica parcial, que permitiera cumplir el plan trazado de construir una "Nueva Argentina" purificada de la "contaminación subversiva y atea" y, simultáneamente, dar la sensación de que la violencia en las calles haba desaparecido por el accionar antisubversivo del Ejército, ocultando la realidad a la comunidad internacional.

 

Con el interrogatorio bajo tortura de los detenidos se obtenía  información y se les obligaba a delatar a otras personas, que a su vez eran detenidas, aplicándosele el mismo trato, y así sucesivamente.

 

De esta forma violenta se impusieron desplazamientos forzosos de un elevadísimo número de personas a través de 340 campos de concentración (Centros de Detención Clandestinos) con cambios periódicos de ubicación, con el fin de evitar todo contacto con su grupo familiar o de amigos, ya que la desinformación formaba parte de la táctica de expansión del terror, además de que se evitaba su descubrimiento por organismos internacionales. Estos lugares de detención permanecen en algunos casos indeterminados al día de hoy.

 

En la Zona 1 se han identificado los lugares en donde se encontraban 64 Centros Clandestinos de Detención. Este número era, en realidad, mucho mayor. De entre ellos se señalan aquellos de los que se han obtenido datos en esta causa:

 

- Subzona Capital Federal (al menos 14 CCD)

¨       Superintendencia de Seguridad

¨       Garaje Azopardo

¨       Comisaría 1a.

¨       Comisaría 6a

¨       Regimiento de Infantería I

¨       E.S.M.A.

¨       Logístico 10

¨       Grupo de Artillería Defensa Aérea 101

¨       El Olimpo

¨       Orletti (SIDE)

¨       Club Atlético

¨       Comisaría 18a.

 

- Subzona 11  (al menos 30 CCD)

¨       Puesto Vasco

¨       Pozo de Quilmes

¨       Malvinas Argentinas u Omega

¨       Comisaría 1a. de Quilmes

¨       Pozo de Banfield

¨       Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda (El Infierno)

¨       Comisaría 3ª de Lanús

¨       Subcomisaría de Rafael Calzada, Alte. Brown.

¨       Comisaría de Burzaco

¨       Comisaría de Adrogué

¨       Comisaría de Monte Grande

¨       Comisaría 4ta. de Avellaneda

¨       Comisaría de Cañuelas

¨       Arana

¨       Comisaría 5a., La Plata

¨       Comisaría 8va., La Plata

¨       Comisaría 1ª., La Plata

¨       Brigada de Investigaciones de La Plata (La Casita)

¨       La Cacha

¨       Guardia de Infantería de Seguridad de la Policía de Bs.As., La Plata.

¨       Unidad Penitenciaria N° 9, La Plata

¨       Comisaría de Villa Insuperable (Sheraton)

¨       El Vesubio

¨       Brigada de Investigaciones, San Justo

¨       Comisaría 2da., La Matanza

¨       Casa del Cilindro, Dentro del Batallón de Comunicaciones, La Plata.

¨       Los Plátanos, Estación Plátanos

¨       Batallón de Infantería de Marina N° 3, Ensenada

 

- Subzona 12  (al menos 7 CCD)

¨       La Huerta, Dentro del Batallón Logístico 1, Tandil.

¨       Base Naval de Punta Indio, Magdalena.

¨       Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, Magdalena.

¨       Delegación Policía Federal, Azul

¨       Brigada de Investigaciones Policía de Buenos Aires, Las Flores.

¨       Monte Pelone (o Sierras Bayas), Sierras Bayas, Olavarría

¨       Comisaría, Trenque Lauquen

 

- Subzona 13  (al menos 1 CCD)

¨       Brigada de Investigaciones, San Nicolás

 

- Subzona 14

¨       Sin Información disponible

 

- Subzona 15 ( al menos 6 CCD)

¨       Cuartel Central de Bomberos, Mar del Plata

¨       Comisaría 4a., Mar del Plata

¨       Destacamento Policía de Batán, Ruta Nacional 88, km.15

¨       Base Naval, Mar del Plata

¨       Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, Mar del Plata

 

- Subzona 16 (al menos 7 CCD)

¨       Comisaría 3a., Castelar

¨       Mansión Seré o Atila, Castelar

¨       VII Brigada Aérea, Castelar

¨       Hospital Posadas, Ramos Mejía

¨       La Casona, 1ª Brigada Área del Palomar

¨       Comisaría 2da de Haedo

¨       Grupo I de Vigilancia Aerea, Merlo

 

4.      MÉTODOS.

 

Nada más producirse el golpe comienza el desarrollo del plan sistemático anteriormente trazado, iniciándose la detención masiva de ciudadanos, acompañada de la práctica sistemática de la tortura con métodos "científicos", el exterminio generalizado utilizando diversos métodos, entre ellos los lanzamientos de cadáveres desde aeronaves –conocidos como "vuelos de la muerte"–,  los enterramientos de los cadáveres en fosas comunes, las cremaciones de cuerpos, los abusos sexuales, produciéndose el  secuestro y la desaparición forzada de un número de personas que no ha podido determinarse hasta el momento ni por aproximación, y que según algunas fuentes pueden llegar a ser 30.000 víctimas, si bien se manejan otras cifras que bajarían a la cifra a unas 20.000 ( entre ella constan la existencia, según consta en las actuaciones documentado, de al menos 600 españoles y descendientes de españoles), el saqueo de bienes y enseres y su rapiña, y, por último, la sustracción a sus madres, a las que se hacia dar a luz en los centros de detención, para darlas después muerte en muchas ocasiones, de recién nacidos, en número probablemente superior de quinientos. Estos niños recién nacidos fueron entregándolos a personas previamente seleccionadas, ideológicamente adecuadas y de "moral occidental y cristiana", para, de esta forma, educarles lejos de la "ideología de sus entornos familiares naturales", de tal manera que eran incorporados de forma ilegal a sus “nuevas familias”, con alteración del estado civil para facilitar las adopciones y la clandestinidad o la simulación de sus nacimientos a través de partidas de nacimiento falsas.

 

La acción se concretó (según se señala en la sentencia de la causa 13/84), en: « ...a) Capturar a quienes pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con  la subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia; b) Conducirlos a lugares situados dentro de unidades militares o bajo su dependencia; c) Una vez allí, interrogarlos bajo tormentos, a fin de obtener los mayores datos posibles, acerca de otras personas involucradas; d) Someterlos a condiciones de vida inhumanas, con el objeto de quebrar su resistencia moral; e) Efectuar todo lo descrito anteriormente en la clandestinidad más absoluta, para lo cual los secuestradores debían ocultar su identidad y realizar los operativos preferentemente en horas de la noche, las víctimas debían permanecer totalmente incomunicadas, con los ojos vendados y se debía negar a cualquier autoridad, familiar o allegado la existencia del secuestrado y la de eventuales lugares de alojamiento; f) Amplia libertad de los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía ser liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a proceso militar o civil, o bien eliminado físicamente...».

 

Uno de los sistemas utilizados para hacer desaparecer a los ilegalmente detenidos era conocido como "Traslado",  consistente en arrojarlos vivos al mar desde aviones. Para preparar a los detenidos, se les despojaba de ropas y enseres con el fin de evitar su posterior identificación, y se les inyectaban calmantes para adormecerlos.

 

En otros casos, a los ilegalmente detenidos se les hacía "aparecer" en las calles como muertos en enfrentamientos armados inexistentes. Para hacer verosímiles estas simulaciones, inmediatamente antes de acabar con ellos, en algunos casos, se les alimentaba, se les exigía una cierta higiene, se les bañaba, y cuando estaban en "condiciones" para no despertar excesivas sospechas por su mal estado físico y de desnutrición, se les daba muerte, aparentándose un enfrentamiento.

 

Las torturas se practicaban sistemáticamente sobre todos y cada uno de los detenidos, bien para extraer información, bien para lograr la delación de otras personas, o simplemente para que describiesen sus bienes y efectos, que después les eran sustraídos, u obligados a transferirlos a sus represores, o bien por mera crueldad y tormento, pretendiendo causar sobre los cuerpos y también sobre las mentes de los “subversivos” la mayor destrucción física, psíquica y anímica posible.

 

A los detenidos, entre otras técnicas de tortura, se les daba sesiones de "picana" eléctrica, que consistía en la aplicación de electrodos con descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo: genitales, boca, y otras partes sensibles del cuerpo. Esta técnica se materializaba manteniendo a la persona desnuda, mojada y sobre una cama o plancha metálica.  En otras ocasiones se  les colgaba en las paredes o se les ataba a camas o mesas metálicas para garantizar su inmovilidad durante la tortura. También se les aplicaba el tipo de tortura conocido como "submarino seco"  —que consistía en la introducción de la cabeza del secuestrado en una bolsa de polietileno, manteniéndola cerrada hasta que aparecían indicios de asfixia, soltando entonces y comenzando de nuevo—,  o también el "submarino húmedo" —que consistía en la introducción de la cabeza del detenido en un recipiente con líquido hasta los límites de la asfixia, reiterándose indefinidamente la operación—, o los simulacros de fusilamiento con la víctima encapuchada, o el sometimiento a servidumbre, o golpes reiterados o múltiples agresiones sexuales sobre los mismos.

 

También se aplicaron formas de torturas psicológicas y torturas a familiares en presencia de otros miembros de la familia.

 

La propia desaparición forzada constituía por sí una terrible tortura sobre el secuestrado y sobre su familia, manteniéndose para ellos una situación de absoluta falta de información hasta del final del secuestro, fuera por liberación o por asesinato.

 

Los detenidos permanecían generalmente, al menos en una primera fase, "tabicados" (con lo ojos vendados), encapuchados, con el fin de hacerles perder toda noción de espacio y tiempo, y “engrilletados” ; estaban sujetos con grilletes en manos y pies; se les identificaba con un número y se les golpeaba sistemática y calibradamente.

 

 

5. LAS VICTIMAS

 

        

1. En relación con las víctimas: las personas desaparecidas de forma violenta se distribuyen con arreglo a los siguientes porcentajes, por aproximación:

 

  a) Por sexo:

 

·  Mujeres: un 30%, de las cuales un 3% estaban embarazadas.

·  Hombres: un 70%.

 

a)     Por edades:

 

·  Hasta los 20 años: 12,16%.

·  De 21 a 40 años: 77,51%.

·  De 41 a 60 años: 8,82%.

·  Con más de 60 años 1,41%.

 

c) Por profesiones: obreros, un 30.2%; estudiantes: un 21 %; empleados: un 17.9%; profesionales: un 10.7%; amas de casa: 38%; docentes: 5.7%; autónomos y otros: un 5%; periodistas: un 1.6%; actores y artistas: un 1.3%; religiosos: un 0.3%; y fuerzas de seguridad un 2.5%.

 

d)   De religión judía: 12,47 % de los desaparecidos y un 15,62 % de los muertos.

 

El número exacto de personas ilegalmente detenidas, desaparecidas, torturadas y asesinadas no ha podido ser establecido. En cualquier caso, por Decreto nº 187 del Poder Ejecutivo Argentino de 15 de diciembre de 1.983, finalizada la dictadura, se creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (C.O.N.A.D.E.P.), que culminó su tarea de investigación el 20 de septiembre de 1.984, publicando el 28 de noviembre un informe, conocido como "Nunca Más" en el que se señalaban con precisión 8.961 personas desaparecidas y la existencia de 340 centros clandestinos de detención. Se da por reproducida aquí dicha relación de personas desaparecidas, como parte integrante de este relato de hechos probados. El número total de desaparecidos, por determinar, puede según estimaciones oscilar entre las 20.000 y 30.000.

 

 

2. Victimas españolas:

 

Constan en la causa, perfectamente identificadas, 610 víctimas de nacionalidad española e hijos y nietos de españoles.

 

Ya desde un primer momento la Embajada Española en Buenos Aires identificó, al menos, veintisiete ciudadanos de nacionalidad exclusivamente española:

 

1.-      ABADÍA CRESPO, Dominga.

2.-      ALONSO CIFUENTES, María Gloria.

3.-      ARESTIN CASAIS, Salvador.

3.-      CAAMAÑO UZAL, José.

4.-      CÁNOVAS ESTAPÉ, Alberto.

5.-      CARPINTERO LOBO, Pablo.

6.-      COLEY ROBLES, Manuel.

7.-      COMA VELAZCO, Atlántida.

8.-      CHAVARINO CORTES, Gustavo Adolfo.

9.-      DIAZ LÓPEZ, Adolfo.

10.-    DIAZ SALAZAR DE FIGUEROA, Luis Miguel.

11.-    DOMÍNGUEZ DE CASTRO, Ricardo.

12.-    FERNÁNDEZ ALVAREZ, José Nicasio.

13.-    FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonia Margarita.

14.-    FERNÁNDEZ VIDAL, Ernesto.

15.-    GARCÍA ULLOA, Ramón.

16.-    GÓMEZ AGUIRRE, Manuel.

17.-    IGLESIAS, María del Pilar.

18.-    LÓPEZ FERNÁNDEZ, Urbano.

19.-    MARTÍN MARTÍN, Julio Antonio.

20.-    MARTÍNEZ BORBOLLA, Angela Rocío.

21.-    MARTÍNEZ MESEJO, María Elsa.

22.-    QUESADA MAESTRO, José.

23.-    DEL REGUERO SÁNCHEZ, María Guadalupe.

24.-    SÁNCHEZ QUEVEDO, Francisco.

25.-    SOUTO LESTÓN, Ramón.

26.-    TAMAYO RUIZ, Antonio Rafael.

 

Además, constan identificados en la causa 12 niños secuestrados de origen español, 52 niños nacidos en cautiverio de los que el padre y/o la madre eran españoles, y que aún permanecen desaparecidos, y 16 niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio, actualmente localizados y/o restituidos, de origen español.

 

 

SEGUNDO.   PARTICIPACIÓN DEL PROCESADO

 

El procesado ADOLFO FRANCISCO SCILINGO MANZORRO, en el año 1976 formaba parte de la Armada de la República Argentina ostentando la graduación de Teniente de Fragata con destino en la Base Naval de Puerto Belgrano en Argentina.

 

         Precisamente en su condición de oficial, el procesado asistió a la reunión que, a principios del mes de marzo de ese año, días antes de producirse el golpe militar en aquel país, se celebró en el cine de Puerto Belgrano. Dicha reunión a la que acudieron además de Scilingo otros 900 oficiales, fue convocada por el Almirante Luís María Mendía. En el curso de ésta se expuso por los organizadores la “catastrófica” situación por la que atravesaba el país, se dijo que estaba “sumido en el caos” y se aludió a los próximos cambios que se iban a producir y que lo transformarían en un “país pacificado de orden” y con una “economía espectacular”.

 

         Días más tarde, en el transcurso de la semana posterior al día 24 de marzo, Mendía convocó una nueva reunión de oficiales en el mismo lugar, el cine de Puerto Belgrano, a la que también acudió SCILINGO, que había estado navegando pero regresó tres o cuatro días después del golpe de Estado, pudiendo asistir a la misma. En la reunión, Mendía marcó los lugares en los que se encontraban los “subversivos”, también precisó que la Armada no iba a ser ajena al combate anti-subversivo y que integraría el Grupo de Tareas 3.3.2 cuya área de operaciones abarcaría la zona norte de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. El objetivo era combatir todo lo que fuera “contrario a la ideología occidental y cristiana”, para ello se contaba con el beneplácito de la jerarquía católica castrense. Se explicaron las líneas generales de la actuación: se actuaría con ropa de civil, operaciones rápidas, interrogatorios  intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física mediante vuelos sin destino, si bien la muerte así producida sería “cristiana” puesto que la gente sería previamente narcotizada.

 

              Así mismo, y en relación con las detenidas embarazadas, como otro método de depuración, se las mantendría vivas hasta que dieran a luz para después entregar a los niños a familias de adecuada ideología “occidental y cristiana”, lo que evitaría “la contaminación” que en otro caso se produciría con los niños si volviesen a sus familias “biológicas”.

 

              El procesado, conoció de este modo, el plan antes de que este entrase en ejecución, antes del golpe, y de la misma manera que la gran mayoría de los integrantes en aquel momento del Ejercito argentino lo hizo propio.

 

         De este modo, siguiendo esas directrices, que eran las mismas  que operaban en todo el país argentino, el Grupo de Tareas 3.3.2. comenzó a operar en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), concretamente en el edificio del Casino de Oficiales, lugar de alojamiento de todos los oficiales de la Armada con destino en la referida Escuela.

 

 

         La dirección del G.T. 3.3.2. se encomendó al Capitán de Navío Rubén Jacinto Chamorro, el Teniente de Navío Antonio Pernías y el Capitán del Corbeta Menéndez, que fue designado subdirector de la E.S.M.A y asumió el mando efectivo  por delegación de Chamorro. Después de resultar herido en julio de 1976 Menéndez fue sustituido por el Capitán de Fragata Jorge Vildoza, aunque de hecho el que dirigía el Grupo de Tareas era el Capitán de Corbeta Jorge E. Acosta.

 

 

          El Grupo de Tareas en principio estuvo integrado exclusivamente por miembros de la Armada, pronto incorporó para las labores de represión encomendadas, a funcionarios de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario de la Prefectura Naval y del Ejército.

 

         Se estructuraba en dos sectores:

 

 

A)          INTELIGENCIA: Sección de la ubicación y señalamiento de los objetivos, las personas a secuestrar. Los oficiales de inteligencia planificaban los operativos de secuestros, tenían a su cargo a los prisioneros durante toda su permanencia en la E.S.M.A., realizaban los interrogatorios junto con miembros de la policía e intervenían en la decisión de los “trasladados”, es decir la desaparición definitiva de los secuestrados.

 

B)          OPERACIONES: Tenían a su cargo la ejecución concreta de los secuestros, sustracción de automóviles, saqueo de viviendas. Operaban con los datos que les daba el Sector de Inteligencia. Mientras los detenidos son torturados, un grupo operativo estaba siempre dispuesto para salir a secuestrar a otras personas en cuanto obtenían datos por parte de aquéllos.

 

Participaban en este grupo oficiales y suboficiales de la Armada, algunos con asignación permanente y otros en calidad de rotativos. De este modo se pretendía involucrar al mayor número de oficiales en la lucha antisubversiva. Habiendo alcanzado la cifra de unos 1500 oficiales los que rotaron por este grupo de tareas.

 

También integraban este sector miembros de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario Federal, de la Prefectura Naval Argentina y de otras fuerzas, como el Ejército y la Fuerza Aérea.

 

Este grupo recibía otros apoyos:

 

C)           LOGÍSTICO: Que se ocupa del apoyo y aprovisionamiento a los grupos operativos y del desarrollo de la infraestructura de G.T. 3.3.2, lo que incluía el mantenimiento del edificio y la administración de las finanzas.

 

D)           También colaboraban con distintos cometidos en el GT 3.3.2 otros grupos de personas:

 

-                      Guardias: cargo de un Suboficial Principal, a quien se llamaba primero “Pedro” (por tener  las llaves de los candados de las esposas y grilletes) y luego “Pablo”. Eran cumplidas por Cabos 2,  en su mayoría alumnos de la E.S.M.A., llamados “verdes” por el color de su uniforme. Eran jóvenes de entre 15 y 25 años.

 

-                      Se encargaban de los desplazamientos de los detenidos-desaparecidos en el edificio de oficiales u otras dependencias de la E.S.M.A.; de llevar la comida a los prisioneros; llevarlos al baño y vigilar a los secuestrados en la “capucha”, “pecera”, el sótano, y en los distintos lugares donde éstos se encuentran recluidos. También golpeaban y maltrataban a los secuestrados en ocasiones.

 

-                      Médicos: Algunos médicos militares participaban en operativos de secuestro y en los interrogatorios controlando el estado de quienes eran torturados a fin de garantizar que se mantuviesen con vida para poder seguir infiriéndoles tormentos.

 

Se encargaban asimismo de controlar el embarazo y asistir al parto de las detenidas  embarazadas.

 

En relación con  la mecánica seguida por el grupo operativo, se planificaba la operación en una sala ubicada en la Planta Baja de la E.S.M.A., denominada “Dorado”. Cuando la Sección de Inteligencia reunía los datos para realizar un secuestro, lo comunicaba al Jefe de Operaciones, quien convocaba a los miembros del grupo designado para operar. El Jefe del operativo se ponía en contacto con el Primer Cuerpo de Ejército, o con la jefatura de la Subzona Capital Federal, que contactaba con las demás fuerzas y con la Policía informando de la presencia en el lugar de un grupo operativo de la E.S.M.A., ordenando “área libre” o “zona liberada” (no intervenir) y, eventualmente, prestar apoyo.

 

El número de personas que componían los grupos variaba entre 8 y 25 personas; iban vestidos de civil y fuertemente armados en automóviles particulares sustraídos, y provistos de transmisores  que les permitían comunicarse entre sí y con la base. Una vez que la víctima era detenida se la esposaba y arrojaba al capó del automóvil o al piso de la parte trasera. La columna se encaminaba entonces a la E.S.M.A. ingresando por la puerta principal de la Avenida del Libertador.

 

Cuando se aproximaban en el vehículo a la entrada donde existía una barrera con la guardia, existía una comunicación con ellos a través de intercomunicadores se facilitaba una contraseña (“selenio”, nombre en clave con el se conocía a la ESMA ) que provocaba la apertura de la barrera.

 

Los coches con los secuestrados accedían a la parte trasera del edificio de oficiales donde existían dos patios, lugar en el que aparcaban y los sacaban para introducirlos en el sótano. La primera actuación era la toma de los datos de los secuestrados para  abrir una ficha de cada uno de ellos y después la asignación de un número que les marcaría durante toda su estancia en poder del Grupo de Tareas puesto que los detenidos eran nombrados siempre por ese número, despojándoles de sus identidades reales como parte del programa de actuación. Ello permitió determinar el número de detenidos que se hallaban en la E.S.M.A. en determinados periodos de tiempo puesto que la numeración partía del 001 hasta el 999 para volver a iniciarse nuevamente en el 001. En el año 1977, precisamente cuando el procesado se encontraba en la ESMA, fue tal la afluencia de secuestrados que hubo hasta tres numeraciones idénticas concurrentes.

 

Una vez cumplido el requisito “administrativo o burocrático”, comenzaban los interrogatorios en las salas al efecto equipadas en el sótano (Sala 13).

 

Se trataba de habitáculos con una cama metálica donde se hacía tumbar al detenido, se le ataba por los pies y por las manos y además de golpearle sistemáticamente, se le aplicaba la “picana” artilugio eléctrico ya descrito con el que se realizaban descargas en las distintas partes del cuerpo, siendo de especial crueldad cuando se aplicaba en los genitales de los secuestrados/as.

 

Al cabo de un tiempo, y dependiendo del desarrollo del interrogatorio, los torturados, siempre “encapuchados” o “tabicados” (con un antifaz en los ojos), esposados y con grilletes en los pies unidos por cadenas, de entre nueve y once eslabones, eran conducidos en caravana (“trenecito”), por las únicas escaleras del edificio, hasta la Tercera Planta, donde se encontraba la zona conocida como “capucha” que abarcaba toda la cubierta del Edificio de Oficiales. Para ello atravesaban las otras plantas, encontrándose en la primera y segunda ubicadas las habitaciones de los oficiales de la E.S.M.A. conocidas como “camarotes”. Precisamente las ventanas de estas habitaciones se encontraban sobre los patios de aparcamiento de la parte trasera del edificio de oficiales, lugar al que llegaban las columnas con los secuestrados.

 

En “capucha” existía un portón tras el cual se encontraba un puesto de guardia que autorizaba el acceso a la zona. Los detenidos, siempre en la situación descrita, eran introducidos en cubículos  (“cuchas”) divididos entre sí por planchas de madera de dos metros de largo por setenta centímetros de alto. En el suelo del habitáculo había una colchoneta en la que debían permanecer sin moverse, sin hablar,  con las esposas en las manos, grilletes en los pies y capucha sobre la cabeza. Las condiciones higiénicas y alimenticias eran mínimas. Para acudir al servicio era preciso solicitar permiso que podía concederse o no, en ocasiones todos debían utilizar un cubo que se les colocaba en  el pasillo. En estas condiciones algunos detenidos permanecieron hasta dos y tres años mientras en el exterior se desarrollaba la “represión anti-subversiva” de los opositores al instaurado régimen militar consecuencia del golpe de Estado llevado a cabo en Argentina el 24 de marzo de 1976.

 

Al igual que en otros centros clandestinos de detención, en la E.S.M.A. se producían lo que se denominó tanto entre los ejecutores como entre los detenidos los “traslados”. Se trataba del método empleado para eliminar físicamente  a aquellos  sobre cuyo destino final se había decidido debía ser la muerte. Así, los prisioneros eran seleccionados por un grupo de oficiales integrado por el Director de la Escuela, el Jefe del Grupo de Tareas, los jefes de inteligencia, Operaciones y logísticos, y algunos otros oficiales. El martes de cada semana se confeccionaba la lista de qué prisioneros se incluían en el “traslado” que se iba a producir al día siguiente, los miércoles, aunque excepcionalmente se produjeron también algunos “traslados” otros días de la semana (sabados) cuando existió una saturación de detenidos en la E.S.M.A. (algunos meses del año 1977).

 

De esta forma, el miércoles los prisioneros podían apreciar una mayor actividad en el Edificio de Oficiales. Los que ocupaban el sótano eran desalojados y obligados a subir a “capucha”, hasta los guardias mostraban especial nerviosismo  que se traducía en actuaciones más violentas que de costumbre.  Los elegidos eran llamados por sus respectivos números, salían de las “cuchas” y les obligaban a formar lo que se ha denominado el “trenecito”, fila de prisioneros encapuchados, esposados y engrilletados, que debían caminar, arrastrando las cadenas, descender las escaleras, atravesando todas las plantas del edificio para llegar hasta el sótano, conducidos por los “verdes” y cruzándose permanentemente con los oficiales que habitaban el edificio. En este lugar, les era aplicada una primera inyección de pentotal, que llamaban “pentonaval”, lo que les generaba una situación de semi-inconsciencia , momento en el que eran introducidos en una camión y trasladados hasta el sector militar del Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Allí se les subía a un avión, que iniciaba el vuelo sobrevolando el mar, después de inyectarles otra dosis de “pentonaval”, eran despojados  de sus ropas y arrojados vivos al mar.

 

Una vez regresaban a tierra los ejecutores del “traslado”, se procedía a guardar la ropa de los secuestrados arrojados al mar,  en una habitación (“pañol”) que se encontraba en la zona de “capucha”. Esta ropa iba a ser utilizaba por los otros prisioneros que permanecían vivos.

 

En ocasiones, bien durante la operación de secuestro, bien por la tortura o por otras causas se producían muertes que obligaban a deshacerse de los cuerpos, lo que se llevaba a cabo fundamentalmente mediante los “asados”, término utilizado para referirse a las cremaciones de los cadáveres. Para las incineraciones utilizaban productos y objetos inflamables que proporcionaba Automoción.

 

Entre los detenidos que fueron conducidos al edificio de oficiales de la E.S.M.A. también había mujeres embarazadas que dieron a luz en sus dependencias. Algunas de ellas sobrevivieron y otras muchas pasaron a engrosar la lista de desaparecidos. Algunos niños que nacieron en cautiverio fueron entregados a familias vinculadas con las fuerzas que ejercieron la represión y el exterminio. Así, uno de estos niños fue Juan Cabandíe. El 23 de noviembre de 1977 sus padres, Damián, de 19 años, y Alicia, de 16 y embarazada de 5 meses, fueron secuestrados por un grupo que se identificó como “fuerzas conjunta” y llevados al centro clandestino de detención El Banco. De su padre no sabe nada más. Su madre fue llevada a la ESMA en diciembre de 1977, en marzo de 1978 nació él, permaneció junto a su madre 20 días, después ella fue “trasladada” y jamás volvió a saber de ella. El fue entregado a un policía de inteligencia. Le llamaron Mariano Andrés Falcón.  Hasta el día 26 de enero de 2004, 25 años después de su nacimiento, no recuperó su verdadera identidad.

 

Esta era la situación que se vivía en la E.S.M.A., concretamente en el Edificio de Oficiales, cuando llegó a este destino el procesado ADOLFO SCILINGO. Su destino permanente a la Escuela se publicó en el boletín del mes de octubre de 1976 (BNR 133/76). A su nuevo destino no se incorporó hasta unos días antes de las navidades de 1976 y finalmente fue ascendido al grado de Teniente de navío el día 30 de diciembre de 1976 cuando ya se encontraba allí. Al llegar, conociendo cuales eran las actividades y la finalidad del Grupo de Tareas 3.3.2 pretendió formar parte del mismo (al que Mendía se había referido durante la reunión en el cine del Puerto Belgrano) sin embargo, y por motivos de servicio tuvo que conformarse con ser el jefe de electricidad, y posteriormente asumir la jefatura de automoción. Lo que , de todas formas le permitió realizar tareas complementarias sabiendo que formaban parte necesaria de la ejecución del plan (reparar automóviles e instalaciones, entre otras).

 

Precisamente por su ocupación y por su condición de oficial por la que ocupaba una de las habitaciones denominadas “camarotes” situada en la planta primera del Edificio de Oficiales de la E.S.M.A. tenía pleno conocimiento de cuanto allí acontecía.

 

De este modo, el procesado SCILINGO, en el desarrollo de su actividad como jefe de electricidad, tuvo que subir a lo que se ha referido “capucha”, al objeto de solucionar ciertos problemas con uno de los ventiladores allí existentes. Al desembocar la escalera y ante la puerta con guardia tuvo que despojarse de las insignias que portaba, y una vez que penetró en el recinto y en el pasillo pudo ver a una embarazada en avanzado estado de gestación, llevaba un camisón y un salto de cama, de ojos azules. Se trataba de Mª Marta Vázquez Ocampo. Esta había sido secuestrada junto a su marido el 14 de mayo de 1976, por sus trabajos solidarios con los más desfavorecidos en zonas marginales de la capital  (era psicopedagoga y su marido médico) fue llevada a la ESMA y fue la primera embarazada a la que vio el procesado SCILINGO conociendo en ese momento que entre los detenidos también había mujeres en cinta. Esto le provocó un importante impacto emocional (cuyo recuerdo le acompañaría muchos años después). Marta tuvo un varón e inmediatamente fue “trasladada”, nunca más se supo de ella, la familia biológica no supo nada más del niño que aquella había tenido.

 

En otra ocasión, esta vez a principios del mes de febrero del año 1977 el procesado SCILINGO volvió a encontrar una embarazada en la zona de “capucha”, tuvo que subir, esta vez por problemas con el ascensor. Frente a la puerta de la máquina del ascensor y en el interior de una de las habitaciones observó a una embarazada, quien después se supo era Marta Álvarez. Esta había sido secuestrada en el mes de junio de 1976 junto a su compañero y padre del hijo que esperaba, había sido torturada (aplicándole la picana por todo el cuerpo incluido los genitales aún conociendo su embarazo).

 

Durante sus visitas a “capucha”, lugar al que subió en unas diez ocasiones, el procesado pudo comprobar el número de detenidos, como se hallaban distribuidos, la penosa situación en la que se encontraban, las capuchas, los grilletes, las esposas, el tremendo olor nauseabundo que impregnaba la zona, en definitiva todo cuanto se ha descrito  más arriba y que vivieron los secuestrados que estuvieron en el centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada y que han sobrevivido y han podido prestar testimonio sobre ello: Graciela Daleo, Mario Cesar Villani, Alicia Milia de Pirles, Nilda Haydee Orazi González, Silvia Labayru, Norma Susana Burgos Molina, Alberto Girondo, Martín Gras, Lidia Cristina Vieyra López, Lisando Raúl Cubas, Rosario Evangelina Quiroga, Ana María Martí, Marta Álvarez, entre otros.

 

Respecto a los niños que nacían en la E.S.M.A. las familias de marinos que quisieran tener en adopción alguno de ellos debía conectar con el grupo operativo. Esto se transmitió entre la oficialidad, en la cámara de Oficiales se comentaba cuando se producía algún nacimiento y si era varón o niña, etc.

 

El propio SCILINGO conoció en relación a estas “adopciones” como Vildoza se apropió de uno de estos niños, varón, hijo de Cecilia Viñas, y al que vio años después con el pequeño cuya identidad fue determinada en 1998, y que precisamente fue acompañado por los hijos de Vildoza al Tribunal argentino que conoció del caso.

 

El procesado SCILINGO tuvo igualmente conocimiento de lo que denominaron “asados” porque cada vez que se iba a realizar uno en la E.S.M.A. acudían al taller de automotores, del que él era máximo responsable, para solicitar cubiertas viejas, aceite de quemar, gasoil,…. o bien un camión para el transporte de leña. También, esa cuestión era comentada en el Salón de Oficiales y en el curso de una comida, a la que SCILINGO asistió se comentó la duda de sí alguno de los incinerados pudiera estar vivo por el movimiento del cuerpo a lo que uno de los médicos explicó que eso era debido al calor, que hacía contraerse los cuerpos dando la sensación de movimientos espasmódicos.

 

En el tiempo en que SCILINGO estuvo destinado en la E.S.M.A. se produjeron entre siete u ocho cremaciones de cuerpos (“asados”). Del mismo modo, SCILINGO  como el resto de oficiales que habitan en el edificio destinado a ellos, conocían las actividades que se desarrollaban en el sótano y que se han descrito más arriba. Incluso asistió al interrogatorio y tortura que se realizó a una de las detenidas que había sido secuestrada en la Universidad y que había sido trasladada a la E.S.M.A. .Uno de los oficiales Gonzalo Torres de Tolosa al que conocían por “Vaca” le invitó a presenciarlo: Se desarrolló en una de las salas del sótano, la chica estaba con capucha sin esposas ni grilletes, llevaba una falda negra y un suéter de color violeta, sentada sobre un somier metálico. En la sala se encontraba Pernías, “Vaca”, Héctor Fabre y el procesado. Comenzaron a realizar el interrogatorio Pernías y Fabre sobre su pertenencia a la organización de  montoneros y relaciones, etc. La chica no respondía. En ese momento, Fabre le aplicó la “picana” en el hombro. El interrogatorio continuaba. Le hicieron quitar el suéter y corpiño, volvieron a aplicarle el artilugio eléctrico, la chica comenzó a llorar. En ese momento concluyó el interrogatorio.

 

Días más tarde confirmaron al procesado que la chica había muerto y que había confesado ser una peligrosa montonera.

 

Scilingo igualmente participó, actuando como chofer de un coche “Falcon”, en el secuestro de una persona de identidad no determinada acaecido hacia mediados de 1977 en la zona de “Caballito” entre la Avda. Rivadavia y una calle transversal de Buenos Aires. El operativo lo componían 20 personas al mando del Capital Flash e intervenía también el Capitán Pazos. Por el nerviosismo que le produjo la situación tuvieron un accidente y al coche que conducía el procesado se le rompió el palier. El secuestrado fue llevado a la ESMA, sin que se sepa cual fue su destino final.

 

SCILINGO, como jefe de los talleres de automoción, tenía importantes  funciones de asistencia a la actividad del Grupo Operativo, facilitaba vehículos y reparaba los que eran traídos, consecuencia de las detenciones y apoderamiento de ellos, eran denominados “recuperados”. El propio procesado cifra el número de vehículos de los secuestrados, apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2, en el tiempo en que él estuvo en la ESMA, en 202. Incluyendo el coche del secuestrado Conrado Gómez muy peculiar por su valor y características un “Ford Fairlane”; y, el de la familia Lennie un Stanciera escolar naranja y amarillo, que él reparó y que finalmente volvió a recuperar la familia después de haber sido sustraído por Astiz.

 

 Pero no solo por este hecho tenía pleno conocimiento de las operaciones que se realizaban, sino que también efectuaba guardias en la  E.S.M.A. como oficial de guardia de la Escuela y por tanto conocía de forma aproximada las personas detenidas y los responsables, conocía quien entraba y salía del perímetro de la Escuela.

 

Finalmente, al igual que el noventa por ciento de los oficiales, Adolfo SCILINGO, participó en dos de los llamados “vuelos de la muerte”, involucrándose de este modo directamente en la ejecución del plan.

 

 El primero tuvo lugar en la primera quincena del mes de junio de 1977, Adolfo María Arduino le llamó y le dijo que estaba asignado a un vuelo, citándole a las cinco de la tarde en “Dorado” (Salón del edificio de Oficiales). No acudió uniformado, sino de civil, pues esas eran las órdenes. Le comunicaron la composición de la columna y quien intervenía. En esta ocasión, la presidía Vildoza. A las siete de la tarde les hicieron ir al sótano. Allí estaban preparados la gente que iba a volar, a ser “trasladada”. El número de personas eran 25 ó 27.

 

En el sótano se encontraban los oficiales Acosta (“El Tigre Acosta”), Arduino y González. El primero de ellos comunicó a los secuestrados que iban a ser trasladados al Sur y que por ello debían de ser vacunados por un médico. En ese momento les inyectaron la primera dosis de pentotal (“pentonaval”). También les dijeron que tenían que estar contentos pues iban a ser pasados al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, iban a adquirir la condición de detenidos legales lo que conllevaba que sus familiares conocerían de su paradero y tendrían los derechos inherentes a cualquier detención. Para que lo celebrasen y como una especial broma macabra les hicieron bailar con música brasileña.

 

Cuando hizo efecto el narcótico, la gente quedó en el suelo, sentados, tumbados o apoyados en las paredes. Después, los sacaron hasta un patio de estacionamiento, en la parte de atrás del edificio de oficiales, donde aguardaba un camión verde con lonas, allí los subieron y se les llevó al Aeroparque, se trata de un aeroparque civil-militar que esta dentro de la ciudad y muy próximo a la ESMA. Vildoza, que se había adelantado y ya se encontraba en ese lugar,  dijo que había problemas con el avión y que el vuelo debía ser dividido. Entonces, indicó qué oficiales iban a ir en uno y otro vuelo.

 

Un avión pequeño “Skyban” de Prefectura iba a realizar dos vuelos, para ello repartieron a los detenidos. En el primero junto a otros oficiales y un médico participó el procesado. Una vez en el aire el comandante ordenó aplicar una nueva dosis de pentotal (“pentonoval”) a los detenidos. Después el médico se trasladó a la cabina para no presenciar  el lanzamiento de la gente al agua. Cuando había transcurrido una hora de vuelo, dirección Sur, encontrándose en alta mar, el comandante ordenó desvestir a los detenidos, guardar la ropa en bolsas que después habían de devolver en tierra, y, finalmente, arrojar a los detenidos al mar, por la popa del avión. Todo ello se hizo por la tripulación del avión entre los que se encontraba SCILINGO.

 

Fueron trece las personas arrojadas al vacío, en estado de inconsciencia.

 

El procesado, mientras arrojaba a la gente al mar perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer también él al vacío siendo evitado por otro de los oficiales, ese incidente le afectaría profundamente en el futuro.

 

Junto a SCILIGNO en ese primer vuelo participaron Gonzalo Torres de Tolosa, Carlos Eduardo Daviou y un médico naval y miembros de la Prefectura naval no identificados.

 

El segundo vuelo se produjo en un sábado, mes y medio después del primero, en los primeros días del mes de agosto de 1977. El procesado iba a salir de fin de semana hacia Bahía Blanca, donde se encontraba su familia, sin embargo el Vicealmirante Adolfo Mario Arduino le ordenó suspender el viaje y efectuar el vuelo. Acudió directamente el sótano y sobre las siete de la tarde la columna salió de la E.S.M.A. al Aeroparque. En esta ocasión el número de personas que iban a ser “trasladadas”, es decir, arrojadas al mar para que muriesen y desapareciesen, fue de diecisiete. El avión en el que las subieron era grande, un Lockhead  “Electra”, en el que iba un número importante de tripulantes. El método empleado fue el mismo y el resultado también, la muerte y la desaparición de todas las personas “trasladadas”.

 

La ilícita actividad que desarrollo el Grupo de Tareas 3.3.2. se tradujo en un importe número de detenidos y desaparecidos.

 

         De las aproximadamente 20-30.000 personas desaparecidas durante la dictadura militar, unas 5.000 estuvieron detenidas, al menos en algún momento, en la Escuela de Mecánica de la Armada.

 

De estas personas constan identificadas en autos 248, que aún continúan desaparecidas o de las que consta fehacientemente su asesinato.

 

Igualmente constan en autos 129 personas que permanecieron detenidas en la E.S.M.A. y que fueron posteriormente liberadas con vida.

 

Existe constancia en autos del parto en la E.S.M.A. de 16 mujeres, cuyos hijos fueron separados de sus madres y de sus familias, sin que en algunos casos se haya podido averiguar su paradero y habiéndose averiguado posteriormente la identidad de otros, que habían sido entregados a otras personas, muchos años después.

 

Se tiene constancia de 193 prisioneros que estuvieron en la E.S.M.A. durante 1.977 y que aún permanecen desaparecidos (excepto uno, Gustavo Grijera, que ingresó posteriormente cadáver en la morgue). Conviene también precisar que, aunque no haya aparecido el cadáver, consta también acreditado el fallecimiento de Jorge Alberto Devoto. El referido, Oficial de la Armada, que solicitó el pase a retiro en 1.975 al ser conocedor de los planes sobre el golpe de estado y no comulgar con los mismos, desapareció el 21 de marzo de 1.977 cuando entró en el edificio Libertad, sede del Comando Jefe de la Armada, en Buenos Aires, para preguntar por el paradero de su suegro D. Antonio Bettini, Catedrático de Derecho, Abogado y ex-Fiscal Federal. Entre los oficiales de la Armada se comentaba que el teniente Devoto había sido arrojado al mar en uno de los "vuelos de la muerte" en estado consciente, como excepción a la regla, por lo que se había considerado una "traición" a sus compañeros de la Armada.

 

Los referidos 193 prisioneros figuran en la siguiente lista ordenados por la fecha de su secuestro, añadiéndose, en los casos en que así consta, el folio de anexo y legajo de las listas de C.O.N.A.D.E.P. donde figuran. Si bien algunos no han podido ser perfectamente identificados por sus nombres y apellidos, figurando única y exclusivamente por apodos o circunstancias personales identificativas.

 

 

 

 

 

93 prisioneros pasaron por la E.S.M.A. y fueron liberados posteriormente. Todos ellos, o bien fueron secuestrados en 1.976 y liberados en 1.977 o fechas posteriores, o bien fueron secuestrados a lo largo del referido año 1.977, lo que significa que todos ellos permanecieron secuestrados en la E.S.M.A. cuando el acusado Adolfo Francisco SCILINGO ocupaba cargo de responsabilidad en dicha institución.

 

 

LISTA DE PRISIONEROS QUE PASARON POR LA ESMA Y FUERON LIBERADOS, ORDENADOS POR FECHA DE SECUESTRO

 

 

 

De todas estas personas que estuvieron detenidas en la E.S.M.A. durante la actividad del acusado SCILINGO en dicho centro, eran españoles, al menos, 14 ciudadanos.

 

 

LISTA DE CIUDADANOS ESPAÑOLES QUE PERMANECIERON PRESOS EN LA E.S.M.A. DURANTE EL TIEMPO DE DESTINO DE ADOLFO FRANCISCO SCILINGO EN DICHO CENTRO

 

 

 

 

De dichas víctimas, tenía nacionalidad exclusivamente española Ricardo Carpintero Lobo y doble nacionalidad los restantes.

 

Asimismo fueron sustraídos, y continúan desaparecidos, los hijos de las detenidas españolas Cecilia Marina VIÑAS FERNÁNDEZ, Liliana Carmen PEREIRA, y Alicia Elena ALFONSÍN.

 

 

TERCERO. Adolfo SCILINGO era mayor de edad penal en el momento de cometerse los hechos y no consta que tuviera antecedentes penales.

 

 

 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

 

 

Primero. A) CALIFICACIÓN JURICO-PENAL DE LOS HECHOS. 

 

1. Los hechos son constitutivos de un delito de lesa humanidad del artículo 607 bis) 1., 1º y 2º y 2. , 1º (con causación de muerte de 30  personas y aplicación de la circunstancia prevista en el artículo 139 de alevosía),  7º ( detención ilegal) y 8º (tortura) del Código Penal de 1995 (en la redacción dada por la Ley 15/2003 de 25 de noviembre que entró en vigor el 1 de octubre de 2004).

 

2. La definición del delito de lesa humanidad en nuestro Código penal viene establecida sobre la base de la comisión de un hecho concreto: homicidio; lesiones; detenciones ilegales, etc. (delito subyacente),  dentro del contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, considerando que, en todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos: 1º Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; 2º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

La regulación del tipo hace referencia a distintos posibles resultados producidos y establece la pena en función de ellos, por ello estimamos que se produce un único delito de lesa humanidad pero con el resultado de 30 muertes con alevosía. Un delito de detención ilegal en el que intervino personalmente el encausado, y otro de torturas, referidas a aquella en las que quiso estar presente, aunque sin hacer nada por impedirlas o evitarlas.

La Sala considera que Scilingo no tuvo intervención directa en otros actos llevados a cabo por el Grupo de Tareas y no le son directamente imputables como delitos independientes otros hechos no directamente realizados por él. Las otras situaciones que se exponen, en relación con las torturas y detenciones que se realizaron en la ESMA durante el tiempo de su permanencia a efectos jurídico-penales forman parte de los elementos contextuales del delito de lesa humanidad en los que se enmarcan los distintos actos concretamente realizados por el acusado.

 

3. Estimamos innecesario hacer concretas referencias a los delitos subyacentes: asesinado, lesiones, detenciones ilegales y torturas, cuya doctrina y jurisprudencia de aplicación de sus tipos penales es de sobre conocida.

 

4. En cuanto a los elementos definidores del delito de lesa humanidad, la jurisprudencia del Tribunal de la Ex-Yugoslavia, a través de distintas sentencias de aplicación de su Estatuto, ha venido estableciendo una serie de elementos o puntos definidores del delito y su prueba, que por su utilidad y aplicabilidad al presente caso, sistematizamos a continuación:      

 

11) Los ataques deben ser masivos o sistemáticos o que se ejerzan en el marco de una política o plan estatal, pero no es imprescindible que se dé este último elemento.

 

 

 

 

 

Sobre la obediencia debida existe consenso general de que no puede ser validamente invocada como eximente de la responsabilidad penal en la comisión de crímenes contra la humanidad. No puede admitirse que exista exención de responsabilidad penal en esta clase de delitos frente a los crímenes cometidos como consecuencia del cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico.

 

En este sentido, el Artículo 8 del Estatuto de Nuremberg establece: "El hecho de que el acusado hubiera actuado en cumplimiento de órdenes de su Gobierno o de un superior jerárquico no eximirá al acusado de responsabilidad, pero ese hecho podrá considerarse para la atenuación de la pena, si el Tribunal determina que la justicia así lo requiere".

 

El Principio IV de los Principios de Nuremberg: "El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior no lo exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional, siempre que de hecho haya tenido la posibilidad de elección moral. Sin embargo, puede esta circunstancia ser tomada en consideración para atenuar la pena si la justicia así lo requiere."

 

Por su parte el artículo 5 del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad dispone: "El hecho de que el acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad [entre ellos el crimen de agresión] haya actuado en cumplimiento de órdenes de un gobierno o de un superior jerárquico no lo eximirá de responsabilidad criminal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si así lo exige la equidad".

 

En el mismo sentido se expresan, respecto de los crímenes de la competencia del Tribunal, el Artículo 7.4 del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Artículo 6.4 del Tribunal Penal Internacional para Rwanda.

 

A su vez, el Artículo 33 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establece:

 

"Órdenes superiores y disposiciones legales

 

1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:

 

a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;

 

b) No supiera que la orden era ilícita; y

 

c) La orden no fuera manifiestamente ilícita."

 

Solo uno de los requisitos establecidos en el referido art. del Estatuto de  la CPI se da en el presente caso. No puede admitirse, aunque se alegue por el acusado, la falta de conciencia de ilicitud de los actos de causación de muertes alevosas, detenciones ilegales, torturas, etc..en tiempo de paz; como la Sala igualmente tiene en cuenta el carácter manifiestamente ilícito de las ordenes dadas en el indicado sentido, de lo que era plenamente consciente el acusado, prefiriendo cumplirlas el acusado al haber aceptado su papel en el contexto general de la lucha contra la subversión iniciada por el Ejercito de su país al que pertenecía.  

 

6. La Sala rechaza la calificación propuesta de delito de genocidio, si bien con los matices que a continuación se verán.

En el momento actual, y recalcamos que se trata del momento actual, en atención a los hechos que estrictamente se consideran probados, éstos no se ajustan al tipo de genocidio previsto en el art. 607 del Código Penal. Entre los elementos definidores del tipo penal están el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, debiéndose entender que como tal grupo, sin incluirse a los grupos no estables en si mimos como tales grupos, lo que excluiría específicamente a los grupos políticos. La destrucción parcial de un grupo nacional no es equivalente ni debe abarcar el “autogenocidio”, es decir la destrucción parcial del propio grupo nacional, aunque puedan existir “subgrupos” diferenciados por la ideología.

Es necesario tener en cuenta que la Sala da esta interpretación superestricta y restringida del delito de genocidio en el momento actual, precisamente por haberse incorporado al Código Penal el tipo referido a los delitos de lesa humanidad, de carácter mas amplio, y que obliga a reinterpretar este delito en el sentido indicado. No obstante, en el momento de la producción del hecho y hasta la entrada en vigor de este precepto, era correcta su tipificación penal como delito de genocidio. Sobre este tema se volverá con posterioridad.

 

7. Calificación por delito de Terrorismo.   La Sala igualmente rechaza que se trate exclusivamente de un delito de terrorismo. Resulta cierto que se dan en el caso los elementos típico penales del delito de terrorismo (elemento estructural y teleológico de esta clase de delitos), pero los hechos van mas allá y contienen otros elementos que solo son abarcados por el injusto del delito de lesa humanidad, razón por la que la Sala se decanta por esta última calificación, considerando en este caso el terrorismo subsumido dentro del delito de lesa humanidad y no en una relación de concurso de delitos.

 

B. La aplicabilidad al caso del vigente tipo penal de lesa humanidad.

 

1. La primera y mas importante objeción que se plantea a la calificación jurídica elegida es el de la aplicabilidad al caso del tipo penal correspondiente a los delitos de lesa humanidad, que como sabemos se introdujo novedosamente en nuestro derecho penal positivo y entró en vigor en reciente fecha de 1 de Octubre del pasado año. Se plantean, por tanto, obvias cuestiones referidas al principio de legalidad penal, relativas a la tipicidad, taxatividad, accesibilidad, previsibilidad y certeza de la norma penal aplicada, en conexión con el de irretroactividad de las normas penales.

 

La primera consideración que ha de realizar este Tribunal es que en la labor aplicativa de la indicada norma se halla obviamente ante un tipo penal de derecho interno que se introduce por primera vez en el Código Penal y que, como tal, debe considerarse que, en principio, se refiere a situaciones y debe desplegar su efecto de  cara al futuro. En este sentido, siguiendo los postulados clásicos del derecho penal, ésta norma no podría aplicarse nunca, en contra de lo que aquí se pretende, en conductas acontecidas totalmente en el pasado.

 

La segunda consideración a efectuar es que aunque podamos encontrarnos aparentemente en una situación de aplicación exclusiva de derecho interno, no es así, ya que la conducta enjuiciada también esta incursa en normas de derecho penal internacional, en concreto, constituye, o esta incursa, como hemos visto, un crimen contra la humanidad (lesa humanidad).

 

La tercera consideración, que trata de conjugar las dos anteriores, se refiere a las especiales características de esta clase de normas penales de derecho interno en cuanto que también contienen o incorporan en derecho interno o reconocen mandatos o prohibiciones preexistentes de derecho internacional público.

 

Lo anterior nos permite hacer la primera afirmación de la particular naturaleza jurídica de esta clase de normas, en cuanto que podríamos decir que de alguna manera no son autónomas, o al menos no totalmente, en cuanto que en gran medida representan la positivización en el derecho interno de preexistentes normas internacionales de carácter penal, integrantes por sus características y objeto, como se analiza en el apartado correspondiente de esta resolución,  del ius cogens internacional y, por ello, con validez obligatoria erga omnes, tanto en cuanto a las conductas delictivas como a la aplicación de las consecuencias. En relación con estas normas de derecho penal internacional, en general, cabe decir que, entre otras razones, por su carácter predominantemente consuetudinario, al menos en sus orígenes, establecen prohibiciones o fijan de manera mas o menos clara núcleos de conductas penalmente reprochables, pero sin, normalmente, establecer ni la sanción penal, ni los procedimientos para imponer ésta, ni la jurisdicción encargada de hacerlo, etc... Su positivización, traslación o recepción en el derecho interno implica grandes dilemas en el sentido de si, efectivamente, el resultado,  como en cualquier otra clase de norma interna, y pese a responder y traer causa de un derecho penal preexistente de carácter internacional y con validez erga omnes reconocida, debe proyectar su vigencia solo hacia el futuro, sin poder abarcar su  aplicación a situaciones pasadas, de manera diferente a lo que ocurre con la norma internacional ya existente, y si su validez erga omnes queda aminorada a los limites territoriales del Estado  o por el contrario lo hace sobre el conjunto de la humanidad y se refiere a cualquier tipo de conducta con independencia de donde ésta se produzca, tal como ocurría con la norma internacional, y por último, y si la respuesta a la anterior pregunta se inclina por reconocer la universalidad de su vigencia, si cabe, y en ese caso, de que manera, y en que condiciones, la persecución de estos delitos no únicamente por la jurisdicción del lugar de acaecimiento, haciendo posible la aplicación de otros criterios diferentes al de territorialidad en la persecución penal o mas específicamente, si permite abiertamente el de persecución universal de esta clase de delitos.

 

Llegado a este punto, estimamos que debemos avanzar la afirmación, que luego se desarrollará, de que la singularidad de la clase de normas que se aplica, en aspectos esenciales de la mismas, requieren un radical replanteamiento del tema, hasta el punto de que, como se verá, son normas que necesariamente requieren un esfuerzo de reinterpretación de los efectos tradicionales de los principios penales clásicos, y sin llegar a afirmar que deban regirse por otros principios distintos, si se deben adoptar soluciones diferentes, pero sin estar en contra de la esencia de tales principios clásicos.

 

Este Tribunal, tratando de dar  respuesta a los interrogantes anteriormente planteados, hace las siguientes reflexiones generales en relación con la aplicación de las normas internas e internacionales: En primer lugar, que en la aplicación del derecho queda vinculado tanto por la norma interna como por la internacional. Que dentro de las normas internacionales existen diferentes clases y que en el caso de las normas internacionales convencionales éstas se incorporan a nuestro derecho y forman parte del ordenamiento jurídico en la forma prevista en la Constitución. Dentro de estas normas las hay que requieren a su vez de específicas normas de carácter interno de adaptación y otras que por el contrario son self-executing y permiten su directa aplicación sin necesidad de otras normas ulteriores.  Que resulta cierto que la aplicación de la norma interna por sus características y tras la correspondiente labor aplicativa, es decir, de determinación, elección e interpretación de la norma, no plantea en general otros problemas. Sin embargo, en relación con las normas internacionales no convencionales se plantean importantes problemas, entre ellos el de la obligatoriedad general de dichas normas, siendo consciente el Tribunal que este problema admite diversas respuestas en función de las clases de normas de que se trate. En el caso de normas penales integradas en el ius cogens internacional, el problemas es cómo se aplican éstas por el juez en el caso de que no vengan expresamente recogidas en el ordenamiento interno y, sobre todo en este caso, y partiendo de la obligatoriedad de la aplicación de estas normas, cual es su contenido, tanto en la fijación de las conductas, como en el de la pena a imponer. La respuesta, nos tememos, es que por mucho que se reconozca la validez universal o erga omnes de dichas normas, si no están expresamente recogidas en el derecho interno resultan de facto inaplicadas y posiblemente desde un punto de vista técnico inaplicables, no pasando de ser algo parecido a un derecho puramente simbólico, a no ser que terminen incorporándose al ordenamiento interno, en cuyo caso, la pregunta es: ¿ Cuando entró en vigor la prohibición o mandato que contienen? Por tanto, el interrogante se plantea en los términos de que si, en efecto, existen normas de derecho interno que recogen las internacionales, cómo operan estas normas, si lo hacen siguiendo de todo punto la interpretación tradicional de los principios clásicos del derecho penal o existen situaciones en las que deben compatibilizarse ambos derechos bajo la supremacía del Derecho internacional. 

 

Ya hemos anticipado que dichas normas internas ostentan a nuestro juicio, sino una naturaleza jurídica especial, sí características propias que las diferencian de otras, en cuanto que representan o incorporan a otras normas de derecho internacional penal preexistentes. Es más, cabría asimilarlas en algún extremo a las normas (secundarias) de adaptación de la norma de derecho internacional, dotándoles en algún caso de naturaleza semejante a las de las normas de adaptación de los tratados internacionales non self-executing. Estimamos que el carácter de ius cogens de la norma internacional a la que representa o recoge la interna, y cuya obligatoriedad con ello reconoce, le impide ir en contra de su contenido esencial o limitar su ámbito de aplicación temporal objetivo, subjetivo o territorial. Recibida en el derecho interno la norma de derecho internacional preexistente para posibilitar su aplicación, no parece lógico que la norma interna olvide que la norma internacional era ya obligatoria “per se” o de que por sus características y universalidad, con la finalidad de proteger valores superiores de la humanidad, son  el conjunto de la Humanidad y la totalidad de los Estados en que ésta se organiza, y no un Estado concreto, los que tienen un interés equivalente en el enjuiciamiento y sanción de dichos delitos.

 

 

2. CARÁCTER UNIVERSAL DE LOS CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD.

 

Las reflexiones que anteceden tiene como punto de partida el carácter Universal de los crímenes contra la humanidad, sobre el ya hemos tenido ocasión de tratar anteriormente desde otra perspectiva.

 

Al Tribunal no le cabe ninguna duda de que hay una opinio iuris cogentis en torno al carácter imperativo de la norma que prohíbe el genocidio, la trata de esclavos o la agresión o, en general, los crímenes contra la humanidad.  Sin embargo, a este respecto consideramos por si cupiera alguna duda hacer un breve desarrollo de este tema, en cuanto al origen y desarrollo de esta clase de crímenes en el ámbito internacional.

 

2.1 Origen de los crímenes contra la humanidad. Sin querer hacer un exposición detallada del origen y su precedentes en el derecho humanitario de guerra, Cláusula Martens, etc.., si tenemos que señalar que, tal como pone de manifiesto la totalidad de la doctrina internacionalista, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional (TMI) de Nuremberg, creado para juzgar y castigar a los grandes criminales de guerra de los países europeos del Eje tras la II Guerra mundial, fue el primer instrumento jurídico que definió, en su artículo 6 c), los «crímenes contra la humanidad» en el Derecho internacional positivo.

Los procesos de Nuremberg aplicaron dicho Estatuto, imputaron a individuos una responsabilidad penal, y condenaron por la comisión de «crímenes contra la humanidad». Sin embargo, es verdad que en su etapa inicial este delito estaba vinculado al desarrollo de la guerra. Tampoco entonces estaba claramente establecido que entrara en el ámbito del Derecho internacional consuetudinario, especialmente cuando no estaba vinculado a actos de guerra. Progresivamente la idea de la aplicabilidad universal y su desvinculación de las situaciones de guerra terminó por imponerse. Con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, fueron explícitamente confirmados los «principios de Derecho internacional reconocidos por el régimen jurídico del Tribunal de Nuremberg y por la sentencia de este Tribunal»; su formulación fue confiada a la Comisión de Derecho internacional «en el marco de una codificación general de los crímenes cometidos contra la paz y la seguridad de la humanidad o en el marco de un Código de Derecho penal internacional». Esta resolución daba testimonio de los puntos de vista predominantes y de la práctica de los Estados en cuanto a los principios en cuestión y suministraba a este respecto un apoyo jurídico sólido a la afirmación según la cual eran parte integrante del Derecho internacional consuetudinario. La opinión según la cual los principios de Nuremberg entrarían en el ámbito del Derecho internacional consuetudinario estimamos que ha pasado a considerarse indiscutible tras la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3074 (XXVIII) de 3 de diciembre de 1973 que proclamaba la necesidad de una cooperación internacional en lo que respecta a la detección, arresto, extradición y castigo de los individuos culpables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Se puede añadir aquí que, en muchas resoluciones dictadas por los tribunales penales internacionales «ad hoc» actuales, se ha afirmado y aceptado la tesis de que «desde el Estatuto de Nuremberg, el carácter consuetudinario de la prohibición de los crímenes contra la humanidad y la imposición de la responsabilidad penal individual por su perpetración no han sido seriamente discutidos (Asunto Tadic del ICTY)»

Desde entonces se ha ido produciendo una importante evolución, de la que no creemos necesario dejar constancia en esta resolución, que ha venido a determinar que el crimen contra la humanidad sea, en la actualidad, un crimen de naturaleza mixta, convencional (Estatuto de la Corte Penal internacional, Tratados de Derechos Humanos, Tratado de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, jurisprudencia internacional etc..) y consuetudinaria (práctica interna y opinio iuris de los Estados), lo que implica la interacción de dos clases de normas, lo que estimamos, como veremos después, que tiene importantes efectos    en materia de legalidad penal.

Hemos visto con anterioridad, que desde esta doble naturaleza, actualmente convencional y consuetudinaria, esta clase de crimen se caracteriza por ser, en su consideración internacional, la comisión sistemática o a gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo de un conjunto de actos criminales. Lo relevante es, pues, la existencia de un plan o política preconcebidos que no deben producirse necesariamente en tiempos de guerra.

Desde el punto de vista del sujeto activo, la exigencia en el tipo de ataque contra la población civil viene a representar en estos momentos una actuación de conformidad con políticas de Estado o de una organización no estatal pero que ejerce el poder político "de facto".También la exigencia de ataques masivos o sistemáticos o que se ejerzan en el marco de una política o plan estatal.

Estas circunstancias o características del Sujeto activo del delito, en definitiva, que se trate de un grupo que actúa desde el poder o que neutraliza al poder legitimo, es uno de los elementos que a nuestro juicio internacionaliza a esta clase de delitos y lo convierten en crimen contra la humanidad. La razón de la utilidad de la existencia de los crímenes contra la humanidad es precisamente garantizar su persecución precisamente por las dificultades extremas o imposibilidad de su persecución interna. Por lo tanto, una de las características esenciales de los delitos contra la humanidad es su perseguibilidad internacional mas allá del principio de territorialidad.

2.2. Complementariamente a las referencias a la  “opinio iuris internacional” deducida de otros actos en el ámbito internacional expuestos con anterioridad, consideramos interesante hacer referencia a los precedentes de aplicación por diferentes Estados del art. 6(c) del Estatuto del Tribunal de Nuremberg, ya que la importante conclusión que es necesario sacar de cara a la aplicabilidad universal de este precepto es que además de haber sido aplicado directamente por los tribunales aliados después de la II Guerra Mundial, también lo ha sido, mas recientemente, en el ámbito internacional, por: