Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en La Vanguardia (Barcelona), el día 25 de septiembre de 2003.

“En la Argentina difícilmente se puede gobernar sin los militares, pero nunca contra los militares”, decía el ex presidente Carlos Menem al decretar los indultos de 1989 y 1990, que acabaron de culminar la impunidad anteriormente establecida por las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 1987 y 1986. Este axioma, de cuya retorcida interpretación participaron lamentablemente otros numerosos presidentes argentinos, que siempre consideraron a las Fuerzas Armadas como intocables, sirvió históricamente de pretexto para mantener un hábito de intervencionismo político del Ejército y un alto nivel de impunidad militar.

Frente a ese sofisma, el actual presidente Kirchner aplica otro principio bien distinto, que no ha necesitado enunciar explícitamente con sus palabras literales –ni falta que hace–, pero sí –y esto es lo que cuenta– con sus hechos: “Se puede y se debe gobernar sin los militares. No contra ellos, pero sí manteniéndolos en su sitio, en su correcta posición.”  Y esa correcta posición no puede ser otra que la subordinación al poder civil democrático emanado de las urnas, y al principio de igualdad ante la ley.

Bajo este sano principio, ningún ciudadano civil ni militar puede impunemente –entre otras cosas- hacer apología pública del crimen, justificando el asesinato y la tortura a gran escala como prácticas necesarias e incluso meritorias, con el pretexto de salvar a la patria frente al enemigo interior. Y esto es exactamente lo que han hecho los generales Reynaldo Bignone, Ramón Díaz-Bessone y Albano Harguindeguy. Después de haber aplicado durante la dictadura su mortífera doctrina, ahora la justifican verbalmente para un importante canal francés de televisión, en un reportaje difundido en once países con gran escándalo nacional e internacional. La reacción del presidente Kirchner ante tales declaraciones ha consistido en decretar la apertura de un sumario judicial contra los tres altos jefes (pese a su condición de retirados) para que respondan en juicio de sus graves afirmaciones, radicalmente incompatibles con una honorable moral militar.

Que nadie crea que el tema es exclusivamente castrense. Afecta históricamente a la sociedad argentina en su totalidad. El daño que el intervencionismo militar ha causado a aquella sociedad desde 1930 es incalculable. El relevo presidencial por vía golpista se convirtió en una costumbre abominable, que se llevó por delante a presidentes civiles tan valiosos como Hipólito Irigoyen y Arturo Illia, tan pronto como abordaron ciertas medidas nacionalizadoras que perjudicaban a importantes intereses extranjeros, así como a los de la oligarquía local y de ciertas fuerzas civiles, capaces de incitar y manipular a su servicio a la institución militar. La lista de golpes e intentonas militares desarrolladas entre 1930 y 1990 demuestra que no fueron pocos los generales y coroneles argentinos que sucumbieron a tales incitaciones, recurriendo indebidamente a la acción golpista o a la presión insurreccional. Y cuando algún presidente –como Raúl Alfonsín- trató de poner freno a estos y otros excesos se le acusó, insidiosamente, de “gobernar contra la institución militar”. Otros numerosos presidentes actuaron siempre paralizados frente al Ejército, acomplejados ante el riesgo de recibir esta misma acusación.

El presidente Kirchner carece por completo de ese complejo. Nada más tomar posesión de su cargo, descabezó a la anterior cúpula militar, estableciendo otra de su confianza. Ha derogado el decreto que rechazaba las peticiones extranjeras de extradición de militares argentinos reclamados internacionalmente por violación de derechos humanos. Ha impulsado eficazmente la reciente anulación por el Congreso y el Senado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ha proclamado su propósito de “poner fin a la cultura de la impunidad”, que, según su convicción, ha sido un factor “de parálisis nacional”. Y ahora procede judicialmente contra los tres generales citados.

La anulación de las citadas leyes de impunidad (incluso sin haber llegado aún la ratificación de la Corte Suprema) han permitido ya a la justicia argentina dar, en estas últimas fechas, otros pasos de gran relieve, como la activación de la causa por los crímenes perpetrados en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). El juez Sergio Torres ha ordenado la captura de trece oficiales de la Marina, imputados por gran número de torturas y asesinatos, entre ellos el siniestramente famoso ex teniente Alfredo Astiz.

Nada de esto es “gobernar contra los militares”. Es gobernar para el bien de toda una nación.

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