Por todo lo anteriormente expuesto, la desestimación del reconocimiento de mi condición de asegurada y la consiguiente asistencia sanitaria supondría la vulneración de los siguientes derechos:

1. El DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTEGRIDAD FÍSICA .

El artículo 15 de la Constitución Española establece lo siguiente:

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, (…)”.

En , podría suponer la vulneración del derecho reconocido por el mencionado artículo 15 de la Constitución Española.

En este sentido cabe recalcar que el Tribunal Constitucional en sentada jurisprudencia establece el deber esencial de la Administración de velar por la vida, integridad física y salud de las personas como valores constitucionalmente consagrados en el cuerpo de la Constitución y susceptibles de ser objeto de amparo judicial frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace la vida o su integridad. Por ello, y como fundamento objetivo que el ordenamiento impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes e integridad física como un deber constitucionalmente exigible a la administración de garantizar asistencia médica que vaya dirigida a salvaguardar el bien de la vida que el artículo 15 de la Constitución Española (STC 120/1990, de 27 de Junio de 1990, FJ 7).

2. El DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD .

El artículo 43 de la Constitución Española establece lo siguiente:

“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. (…)”.

Los derechos constitucionales que acabamos de mencionar deben interpretarse de conformidad con lo establecido en los Pactos y Tratados internaciones sobre derechos humanos.

En este sentido cabe mencionar que el artículo 10 de la Constitución Española establece lo siguiente:

“1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

La denegación del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria gratuita solicitada, en las condiciones y circunstancias en que me encuentro, supondría la vulneración del DERECHO A LA SALUD Y A LA ATENCIÓN SANITARIA RECOGIDO EN DIFERENTES DECLARACIONES, TRATADOS Y PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, tales como las que se indican a continuación:

a) Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) cuyo artículo 25.1 establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España, cuyo artículo 12 establece lo siguiente:

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) (…);

b) (…);

c) (…);

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”.

En relación a la obligada aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), incluso para los extranjeros que residen en un determinado país, cabe señalar lo que establece el artículo 2 del PIDESC:

“1. (…)

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos”.

En relación a lo dispuesto en este último apartado, cabe subrayar el hecho que España no tiene la condición de país en desarrollo por lo que resultaría contrario al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dar un tratamiento diferente, en cuanto a los derechos reconocidos en ese Pacto, a los extranjeros que residan legalmente en España respecto a sus propios nacionales.

c) La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), cuyos artículos 34 y 35 establecen lo siguiente:

“Artículo 34.- Seguridad social y ayuda social

1. La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales.

2. Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.

3. (…)

Artículo 35.- Protección de la salud

Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana”.

d) El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) cuyo artículo 2 ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el sentido de entender que existe una obligación positiva del estado de dar los pasos apropiados para salvaguardar la vida de aquellos que se encuentran bajo su jurisdicción (L.C.B. v. the United Kingdom, 9 June 1998, § 36, Reports 1998‑III, and Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, no. 46477/99, § 54, ECHR 2002-II). En el mismo sentido, se puede citar los casos Mehmet Şentürk and Bekir Şentürk v. Turkey, no. 13423/09, 9 de abril de 2013 § 80.

Una exigencia de prontitud y de diligencia razonable en el acceso a la atención sanitaria está implícita en este contexto. La obligación del Estado a la vista del artículo 2 de la Convención no puede ser satisfecha si los mecanismos de protección previstos en el derecho interno sólo existen en teoría, pero no en la práctica.

Es necesario que los mecanismos establecidos para el acceso a la asistencia sanitaria sean efectivos en la práctica, lo que exige un examen rápido del asunto y sin dilaciones inútiles (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 195, 9 abril 2009, y Mehmet Şentürk and Bekir Şentürk v. Turkey, no. 13423/09, 9 de abril de 2013 § 79).

- Javier García Espinar -